La esencia de la democracia no es un privilegio de las estructuras públicas o privadas, es un principio que trasciende por ser la vía idónea para desterrar la discriminación de los seres humanos.
La democracia, como elemento indisociable del accionar político, debe garantizar la redistribución del poder político y de los recursos sociales, generando igualdad de oportunidades.
Esta virtud de equidad social de la política, debe corregir la naturalización de la desigualdad humana, que parece primar como normalidad del egoísmo ciego de un orden social.
La ausencia civilizatoria de la política, provoca crisis de legitimidad institucional y condena a la existencia humana a un primitivismo inclinado a su extinción. Evitarlo exige una democracia que preserve la vigencia de los derechos políticos de los ciudadanos y más allá del ejercicio del sufragio universal, los constituya en sujetos de sus decisiones.
En esta dimensión, la selección de candidatos constituye la primera responsabilidad de los partidos políticos, que no pueden evadir bajo ninguna circunstancia, porque están seleccionando a quienes integrarán los órganos del poder público.
Deben tener la capacidad de nominar a los ciudadanos que los representen en los procesos electorales como sus candidatos y la autoridad política de vigilar el estricto cumplimiento de su desempeño conforme a las disposiciones del marco jurídico.
Los partidos están obligados a ser garantes de la calidad de la democracia, por lo que en la selección de sus candidatos, deben exigir a quienes aspiran: capacidad, preparación, trayectoria, honestidad, honorabilidad, credibilidad, compromiso, transparencia, programa de trabajo, principios e ideología; entre otras variables.
Los ciudadanos queremos conocer la hoja de vida de quienes aspiren a ser gobernador, diputados, presidentes municipales, síndicos y regidores. Queremos estar al tanto de la vocación de servicio que los motiva, para que no sea el azar, la ambición, las circunstancias o la delincuencia organizada lo que los encumbre. Queremos tener la certeza que saben cuáles son las responsabilidades del encargo que pretenden, cómo piensan cumplirlas y cuál es su visión de los problemas del quehacer público.
No podemos equivocarnos. El camino hacia una democracia de calidad, reclama implementar mecanismos políticos que garanticen que la representación, recaiga en los ciudadanos cuyas capacidades los erijan como conductores sociales comprometidos y figuras capaces de restituir la confianza y credibilidad social en el ejercicio de gobierno.
En este contexto, la ciudadanía organizada ha impulsado la iniciativa de “Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley 3 de 3”, que al establecer reglas para la conducta e interacción entre servidores públicos y actores privados, fortalece su integridad y honestidad.
Esta Ley atiende un reclamo social claro: construir un gobierno ciudadanizado y custodiar permanente sus actividades; evitar abusos de poder y fortalecer los niveles de legitimidad, credibilidad y confianza; impulsar una gobernanza activa con un accionar horizontal; y atender los problemas sustantivos que enfrenta nuestra democracia, aquejada por la erosión del Estado de Derecho.
No podemos caer en las anomias y verticalidad del sistema político y vulnerar las oportunidades políticas y sociales. ¿Cómo y desde dónde construiremos los mecanismos e instrumentos políticos que garanticen oportunidades sistémicas y horizontalidad social, cuando las raíces de la desigualdad se confunden con problemas políticos capaces de subvertir el Estado de Derecho?
En esta lógica política, el proceso de selección de candidatos, sin restar importancia a la paridad de género, debe ponderar de cualquier aspirante, hombre o mujer, sus capacidades, atributos de presencia política y todas las variables definitorias de la calidad de la democracia.
De no proceder de esta manera, el riesgo por la aplicación maniquea de los criterios del principio de paridad de género, es que el sistema de partidos muestre nuevamente, como lo confirman las evidencias en la aplicación de cuotas, que es incapaz de acatarlo, decapitando la posibilidad de una Concertación Paritaria Progresista.
Esta realidad política encierra uno de los más grandes dilemas, no sólo de la democracia, sino del orden sistémico. No apreciar que la participación ciudadana en los asuntos de la esfera pública, constituye un derecho humano, que se traza desde la perspectiva de igualdad social, para preservar el ejercicio de los derechos políticos.
En este contexto, el proceso electoral de 2016 no es exclusivamente una contienda electoral. Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s), permiten operar plataformas electrónicas y redes sociales que aproximan de manera dinámica al ciudadano a participar en la toma de decisiones del quehacer público; presionan a partidos y candidatos; señalan inconsistencias y vacíos, para una pertinente redistribución del poder político; e invocan los derechos humanos como directriz de todo proceso social.
Innegable resulta reconocer que el sistema político se ha abierto a la búsqueda de la paridad sustantiva en las estructuras políticas y de gobierno. Su apertura es una conquista ciudadana que no puede perderse ni debilitarse. No obstante, se debe entrar en la espiral de una Concertación Paritaria Progresista, que marque el rumbo de una agenda política de la sociedad.
Es necesario aprender de nuestra historia. El camino indica que debemos construir una agenda política que supere las incertidumbres y edifique la ciudadanización de la toma de decisiones del Estado. Converger en este enfoque político, es el inicio de la transversalidad efectiva de los derechos humanos de los ciudadanos, como artífices de su Nación.
Agenda
- Ante el desencuentro social que prima frente a la aplicación de la ley y las inconsistencias de las instituciones públicas, el Ombudsman Nacional Luis Raúl González Pérez, en el Informe de la CNDH 2015, planteó un nuevo paradigma de la solidaridad social y trazó una ruta hacia la defensoría pública, al señalar “los problemas que enfrentamos en materia de derechos humanos, no pueden asumirse como parte de una normalidad sustentada en la ilegalidad, la injusticia, la violencia y la corrupción.”
- El Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), suscrito por México en Nueva Zelanda, integrado por doce países; constituye un nuevo acierto del Estado Mexicano para potencializar las Reformas Estructurales en el marco de la internacionalización de la economía nacional. Se crea la mayor zona de libre comercio del mundo, equivalente al 40% del PIB del orbe. México abre nuevamente una ruta hacia el fortalecimiento de las condiciones macroeconómicas del país y continúa con una política económica de estabilidad y mesura para su desarrollo.
- En el marco del proceso electoral, los partidos políticos han iniciado la definición de sus candidatos a gobernador del estado, el pasado jueves se registró el Senador Omar Fayad Meneses como precandidato de unidad de la coalición “Un Hidalgo con Rumbo”, (PRI; PANAL y PVM).
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