México transita en el cambio de paradigma de su democracia representativa a una democracia participativa, donde la transversalidad de los derechos humanos se vincula al ordenamiento y coherencia social de una estructura jurídica que desarrolla integralmente la armonización de los derechos civiles, en el sincretismo normativo unitario de nuestro Contrato Social.
Dicho enfoque constitucionalista es consustancial a la instauración de nuevos instrumentos participativos, que en esencia reflejan la vertiginosa lucha de conquista social, encarnada en un movimiento que congrega a diferentes sectores y actores de la sociedad civil, que intentan refuncionalizar la democracia e incidir de manera corresponsable y directa, en la toma de decisiones del sector público.
El clímax del ascenso de la participación ciudadana, ha encontrado reticencias que la obstaculizan, y limitan su intervención en la toma de decisiones públicas, y en el mejor de los casos, la acotan al intercambio de diálogo o comunicación con el sector público, quien la utiliza como retroalimentación legitimadora de su tarea, pero la decisión final está sujeta a la discrecionalidad política y administrativa del gobierno.
Este es el problema esencial que se encarna en todo nivel administrativo y operativo de las estructuras públicas, mismo que ha derrotado la acción consustancial de la sociedad civil organizada e impedido el sano desarrollo de la vitalidad política de la democracia.
Un contexto de obstrucción a la participación ciudadana, es lamentable por estar vinculado directamente al escaso grado de legitimidad y estabilidad social, y propicia que una ciudadanía impedida de la acción pública, manifieste su frustración y descrédito hacia el ejercicio de gobierno, que en casos extremos puede llegar a la violencia o a la desobediencia civil.
¿Qué hacer entonces, ante los impedimentos gubernamentales que generan desconcierto social en materia de participación ciudadana corresponsable?
Afianzar la interacción y articulación entre sociedad civil y sociedad política; impulsar la democracia participativa como fuerza que revalorice el quehacer público en el proceso de construcción de políticas públicas; horizontalizar la toma de decisiones; y fortalecer y fomentar la creación de mecanismos que propicien la participación corresponsable de la ciudadanía en la gestión, diseño, implementación y evaluación de los resultados de la gestión pública.
Asimismo es importante la creación y rearticulación constante de instrumentos y mecanismos jurídico-administrativos que aseguren transversalidad; y más allá de la voluntad política de los actores, una racionalidad civilizatoria de vanguardia social, que haga del quehacer público un ejercicio eminentemente ciudadanizado. No proceder de esta manera, nos pone en el marco de la pestilente simulación política, que vulnera al tejido social.
Las pruebas de la ineficiencia de la democracia representativa están a la luz pública; en los hechos, desnaturaliza el ejercicio directo del poder ciudadano y obstruye la participación y asociativismo, funciones esenciales del orden democrático.
La participación ciudadana constituye un elemento nuclear en la vanguardia de nuestro contrato social y un objetivo expreso de la razón publica, por ser los derechos civiles, derechos fundamentales.
Esta pretensión jurídico-política le ha dado un nuevo espíritu a la relación socio-estatal, creando las bases para una esfera pública que progresivamente está abriendo mecanismos de inserción social corresponsable, en una marcada evolución institucional.
Advirtiendo este inminente escenario de reestructuración jurídico-política del Contrato Social, el Consejo Consultivo Ciudadano del Estado de Hidalgo (CCCEH) ha propuesto reformas al texto constitucional para establecer el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Hidalgo, a partir del reconocimiento expreso de la participación ciudadana como derecho humano.
La esencia de esta iniciativa refleja el espíritu de una sociedad dinámica y compleja que demanda ser partícipe en la co creación de las tareas gubernamentales, para revitalizar la democracia, la calidad de vida y las oportunidades de la sociedad.
En este cometido, se impone la existencia de un órgano garante que custodie este derecho ciudadano. El CCCEH, como espacio de asociativismo pleno de la ciudadanía hidalguense, con el mandato de preservar la interacción política entre ciudadanía y gobierno, se erige en la salvaguarda incondicional del ascenso de la participación ciudadana como derecho humano, para garantizar nuestro desarrollo democrático.
Esta iniciativa ciudadana demanda crear los mecanismos necesarios para que la ingeniería constitucional no sea letra muerta y produzca el cambio consustancial que haga de la participación ciudadana un derecho humano efectivo, transversal a todas las acciones del ejercicio público. Una vez instauradas las reformas necesarias, el compromiso gubernamental es refrendar la positividad de la Ley, para consagrar un nuevo camino de la acción ciudadana organizada y desterrar las trabas y frenos que han debilitado el sano desempeño de la ciudadanía en las tareas del quehacer público.
¿Cuál es el valor de la participación ciudadana como derecho humano en el quehacer público?
La democracia participativa debe constituir la esencia de la nueva ilustración de los derechos humanos en la cultura política nacional. Construir ciudadanía humanizada en la acción pública, implica no extraviar el espíritu del nuevo constitucionalismo, que debe hacer del ciudadano el actor protagónico para potenciar la custodia y control de la tarea pública y con ello garantizar su plena democratización.
La idea es irrefutable, la democracia participativa rearticula la dimensión humana de la democracia, porque hace de la dignidad de la persona el sentido primigenio de la acción pública, evitando el centralismo y el autoritarismo, como perversiones significativas de la descomposición gubernamental, que históricamente se ha traducido en corrupción e impunidad.
No podemos equivocarnos. Hoy, un nuevo México se edifica en la conciencia de una ciudadanía que aspira a que el gobierno sea su gobierno. Esta es la razón fundamental que debe hacer de nuestro Contrato Social, la voz del pueblo.
Agenda
- El Premio Nobel de Economía Paul Krugman, declaró que es más fácil que Estados Unidos desate la Tercera Guerra Mundial con Corea del Norte, que eliminar el TLC.
- El Gobernador Omar Fayad Meneses y su esposa Victoria Rufo, Presidenta del Sistema DIF Hidalgo, inauguraron el VIII Congreso de la Familia, Sinergias: Mi familia, Mi equipo, en el que se ponderó el valor de la interacción de la familia con la sociedad y el gobierno, lazos cooperativos indiscutibles para garantizar la armonía y el desarrollo social.
- Con la presencia del Gobernador Omar Fayad Meneses, se llevó a cabo el lanzamiento del modelo JAC Start Now, dando inició la venta y distribución de los vehículos con el sello “Hecho en México”, armados en Ciudad Sahagún, Hidalgo. Inversión que reúne a capitales nacionales e internacionales, impactando la creación de empleos directos e indirectos en beneficio de los hidalguenses.
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