El espíritu del Gobierno Abierto debe ser asumido en todo proceso de interacción política entre la ciudadanía y las instituciones gubernamentales. Por ello, la construcción de cambios en las relaciones del modelo socio-estatal, deberá reivindicar el valor de la ciudadanía efectiva y resignificar el capital social en la política y las instituciones.
En este sentido, la participación ciudadana como derecho humano exige para su ejercicio cierto, tener claridad de lo que significa ser ciudadano y de la importancia que tiene su interacción en las estructuras formales para la toma de decisiones, la corresponsabilidad en el ejercicio de gobierno y la construcción de las políticas públicas.
Las sociedades modernas experimentan una creciente complejidad en la procuración de la justicia; realidad que asemeja la cabeza de la hidra que derrota al tejido social, al permitir que la violencia y la inseguridad se conviertan en un mal endémico que estrecha el disfrute de los derechos humanos y quebranta la vertebración orgánica y programática de la justicia, desdibujando el Estado Democrático de Derecho.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) ha realizado un análisis sobre el déficit de procuración de la justicia penal en el Estado de Morelos, que a la vez refleja los problemas que ocurren a nivel nacional, como son la insuficiente profesionalización de los cuadros policiales, periciales y de ministerios públicos; la carencia de recursos y de inteligencia para prevenir los delitos; y escenarios de corrupción y contubernio con la delincuencia organizada.
La insatisfacción ciudadana en esta materia evidencia el costo social y la falta de credibilidad y confianza en los servidores públicos, ya que aún no cuentan con los mecanismos que apoyen su gestión, ni disponen de un manejo pertinente de datos e información que salvaguarde el debido proceso; cuestión que no sólo impone rezago y obstrucción de la justicia, sino también un atropello que deteriora la salvaguarda de la legalidad y de la dignidad humana.
La investigación realizada por el IMCO advierte un problema sistémico en la Procuración de la Justicia, cuyas anomias requieren no sólo la revisión de estructuras, sino la incorporación de la participación ciudadana como contrapeso social para reencausar y dar salud a la actuación del Ministerio Público y sus auxiliares.
La participación de la ciudadanía en la procuración de justicia, se ha dado principalmente a través de la auditoría ciudadana y de la corresponsabilidad.
Como ejemplos de auditoría ciudadana, están los casos de OSC’s como México Unido Contra la Delincuencia, Alto al Secuestro, y otras, así como las acciones realizadas por Consejos y Observatorios Ciudadanos en materia de seguridad pública, justicia, su procuración y legalidad, que supervisan, exigen cuentas y formulan estudios, propuestas y recomendaciones a las autoridades.
En cuanto a la participación ciudadana con acciones de corresponsabilidad, se encuentran instituciones como el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, el propio de Chihuahua y el de la Mixteca Oaxaqueña, que han desarrollado servicios paralelos de comunicación y denuncia ciudadana, que han probado una enorme eficacia, dando oportunidad a la constitución de redes ciudadanas que coadyuvan con las autoridades, e inclusive, a la operación de la Línea Binacional Ciudadana contra la Trata de Personas, a la que he tenido oportunidad de referirme en este espacio.
Ambos ejemplos de participación ciudadana están albergados en la Red Nacional de Consejos Ciudadanos (RNCC), de la que el CCCEH forma parte. Sus experiencias invitan a desarrollar virtudes ciudadanas como la denuncia ante los delitos, sufridos o presenciados; el seguimiento puntual de los procesos ante las autoridades; la prevención y denuncia de actos de corrupción; la asesoría y acompañamiento jurídico, entre otros servicios.
La denuncia es la principal herramienta de la persona que resiente o atestigua los posibles delitos; es el mecanismo legal para proporcionar los datos de prueba que están a su alcance y facilitar la investigación por parte de la policía, que permita llamar a cuentas ante la justicia a los posibles delincuentes. Ante la denuncia, las autoridades tienen que ser consecuentes y diligentes, pues su desatención ha sido mérito de una sensación de olvido, de apatía, de que “las cosas no funcionan” o que “no sirve para nada” denunciar.
Derrotar la impunidad es el propósito de la procuración de la justicia.
Lograrlo precisa, además de revisar las estructuras orgánicas, programáticas y presupuestales; incorporar la participación ciudadana; fomentar la cultura de la denuncia; dar seguimiento de los procesos; y prevenir la violencia y la delincuencia; abatir el rezago, no a través de archivar investigaciones, que sólo confirman el triunfo de la impunidad, sino propiciando acuerdos donde sea posible, y aplicando la ley, en los términos justos que esta indica.
Por ello elogio del Procurador Javier Ramiro Lara Salinas, su disposición y atingencia para trabajar con rectitud y desarrollar un acucioso proceso de selección de peritos, ejemplo de muchas acciones.
Nuestro país enfrenta un escenario nunca antes visto, en el cual la corrupción e impunidad están presentes en ámbitos tan variados y graves como el feminicidio, la trata de personas, la desaparición forzada, la tortura, los delitos de alto impacto, el narcotráfico, el crimen organizado, los peculados y el abuso de la función pública; así como en situaciones domésticas, que involucran la convivencia e interacción cotidianas, aunado a la urgente instauración de un sistema de víctimas. Procesar
El Instituto para la Economía y la Paz, en años anteriores colocó a Hidalgo como la entidad federativa más segura del país, ahora lo pone en el cuarto lugar. Recuperar esta posición implica lograr la coordinación interinstitucional y el fortalecimiento de la responsabilidad cívica, para combatir el delito, restituir el equilibrio social en el procesamiento del conflicto y reorientar la normativa aplicada en la procuración de la justicia.
El nuevo rostro de la procuración de justicia, debe forjarse en el Sistema Estatal de Participación Ciudadana, para recobrar la confianza y la credibilidad en las instituciones que la operan y desterrar la impunidad, tristemente, hoy, regla imperante.
Agenda
- El Presidente Enrique Peña Nieto, visitó el municipio de Nicolás Flores, donde inauguró la Casa del Niño Indígena. El gobernador, Omar Fayad Meneses agradeció el apoyo del gobierno federal por más de 280 millones de pesos para beneficiar a más de 150 mil niños.
- En Francia, el candidato del Partido en Marcha, Emmanuel Macron, triunfó en la primera vuelta de la Elección Presidencial.
- El Senado de la República omitió nombrar al Fiscal Anticorrupción y a 18 Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, anunciándose un periodo extraordinario para después de las elecciones de junio.
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