Como admite John Rawls, es innegable que “la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento”, este principio apela al dinamismo y probidad del sistema judicial para operar en la complejidad creciente de una nueva cultura política, cuya estructura de obligaciones, demanda capacidad para estabilizar las expectativas y las oportunidades sociales de cualquier acción del Estado.
La sinergia de la participación ciudadana en las estructuras gubernamentales resulta novedosa. Es evidente que la reivindicación de la soberanía popular en la conducción del Estado apenas inicia, lo que deja al descubierto que se debe ir más allá de las condiciones de gobierno abierto para trascender el déficit histórico del orden sistémico: la injusticia.
El rezago en la procuración e impartición de la justicia está presente tanto en el sistema judicial federal, como en los sistemas de justicia de los estados, donde enfrenta trabas como la inadecuada capacitación y preparación profesional, corrupción, burocratismo, carencia de sistematización técnica de los procesos, obstáculos normativos y funcionales, e insuficiencia para ampliar la difusión y la visibilidad de la gestión pública judicial, que garantice accesibilidad a la ciudadanía.
Es imprescindible superar esta problemática mediante la colaboración entre la sociedad civil y el Poder Judicial, y dar paso a la creación de una Política Pública de Justicia Abierta, que genere mejores condiciones de atención a las problemáticas de justicia.
En este espíritu de máxima racionalidad civilizatoria de la política, converge el ciudadano que aspira a que el gobierno sea su gobierno, que el asociativismo y la horizontalidad en la toma de decisiones, abran las estructuras institucionales al escrutinio cierto de la sociedad, para construir un futuro donde impere la dignidad humana y la procuración e impartición de la justicia, que responda a las necesidades de justicia, paz, vigencia de los derechos y libertades, prevención del delito y una cultura basada en la salvaguarda, defensa, promoción y respeto a los derechos civiles y humanos.
Desde esta visión de las sociedades complejas y horizontales, emerge el Gobierno Abierto (Open Government), como un constructo de proximidad ciudadana para la gobernanza activa, donde la apertura de datos e información, la transparencia, la rendición de cuentas, la auditoría ciudadana, el combate a la corrupción e impunidad, la justicia cotidiana, así como la seguridad humana y los derechos fundamentales, impulsan a través de la participación ciudadana, una revolución gubernamental, cuyos alcances hacen del gobierno abierto un principio de la transversalidad, para las acciones del quehacer público.
En esta perspectiva socio-política, la relación entre ciudadanía y gobierno, fortalece la capacidad institucional y amplía el horizonte de colaboración, ya que al incorporar prácticas de innovación social y Tecnologías de Comunicación e Información (TIC’s), genera sinergias donde la inteligencia institucional y la participación ciudadana, permiten crear más y mejores mecanismos de horizontalidad pública y corresponsabilidad en la toma de decisiones.
La Métrica de Gobierno Abierto en México 2017, reprueba a las dependencias del gobierno federal, estatales y municipales, ya que no cuentan con un marco jurídico que promueva programas y mecanismos de participación ciudadana, ni prácticas de transversalidad y horizontalidad en la toma de decisiones de las estructuras gubernamentales.
No puede existir gobierno abierto allí donde no existe justicia abierta, ni parlamento abierto.
El Modelo de Gobierno Abierto, como paradigma de proximidad ciudadana, debe trascender hacia el ámbito de la impartición de la justicia. Ello exige que las condiciones jurídico-políticas de los ciudadanos se salvaguarden rigurosamente, a través de la justicia abierta ciudadanizada, transversal, horizontal y escrutada más allá de la transparencia aparente, o de la visibilidad documental o informativa.
La Justicia Abierta (Open Justice), implica la adopción de los principios rectores de Gobierno Abierto, como lo son la transparencia, la apertura de datos, la participación ciudadana y la colaboración; lo cual profundiza la certeza y seguridad jurídicas, al hacer de la procuración e impartición de la justicia, un ámbito que refuerza no sólo su transparencia sino su eficiencia y eficacia.
La Justicia Abierta, se consolida con la interactuación en las redes sociales del Poder Judicial con la ciudadanía, en un modelo inédito de solución de problemas sociales, que al establecer una relación directa de participación ciudadana, redimensiona su actuar y trasciende hacia la justicia participativa (Participatory Justice), esfera de ciudadanización del Poder Judicial que debe ser fortalecida con las herramientas digitales y de gobierno electrónico, para potenciar la bidireccionalidad comunicacional entre ambas partes.
En este escenario, el Gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, durante el Primer Informe de Actividades del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, rendido por la Magistrada Blanca Sánchez Martínez, admitió que existe rezago judicial y déficit de atención de la problemática ciudadana, no sólo en Hidalgo, sino en el país, cuestión por la que en su gestión, “se está trabajando en la creación de una plataforma digital que genere un gobierno digital, que dé respuesta a la ciudadanía en cualquier esfera del quehacer público”.
Sin duda esta medida es trascendente, pero debe ser acompañada con la creación del Sistema Estatal de Participación Ciudadana, para potenciar y priorizar el vínculo de la ciudadanía con la Justicia Abierta, mediante mecanismos que desde el gobierno electrónico, propicien la apertura de datos de los procesos y de la administración del Poder Judicial.
Se trata de crear una verdadera simbiosis de la participación ciudadana en la justicia, y si no es mucho pedir, establecer condiciones para que la Justicia Abierta se erija en Justicia Social, la cual es el verdadero rostro de la dignidad humana.
En este contexto, la meta-país debe ser lograr la seguridad jurídica que estabilicen las expectativas del tejido social, e impacten las relaciones políticas, económicas, sociales y culturales para hacer que el desarrollo de la Nación se transcriba hacia la seguridad humana.
Agenda
- Ante la falta de acuerdos para nombrar al Fiscal Anticorrupción y aprobar la reforma constitucional que elimine el pase automático del Procurador General de la República como Fiscal General, el Procurador Raúl Cervantes publicó en el DOF, un acuerdo que crea la Fiscalía Anticorrupción, señalando que tendrá autonomía técnica y operativa y operará sujeta a la PGR en diversos aspectos.
- El deceso del politólogo italiano Giovanni Sartori, deja un vacío en el pensamiento de las letras y el análisis político. Su última obra La carrera hacia ningún lugar (Taurus, 2016), expresa que “estamos avanzando en medio de la tontería y la extravagancia costosa“.
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