La democracia es un régimen político incompleto. Se ha vuelto un OPNI (objeto político no identificado), porque los ciudadanos asemejan seres pendulares, cuya lucha de conciencias, oscila entre la despolitización social y el laberinto de la corrupción e impunidad.
La complejidad social ha rebasado la respuesta institucional, creando ingobernabilidad y un vacío de poder, haciendo del quehacer público una ínsula de poder, que condena a los ciudadanos a ser náufragos del Estado.
Para el ciudadano, las estructuras institucionales y los servidores públicos, constituyen una élite que no conoce otra forma de hacer política, que la del peculado y el autoritarismo, mutando a la política hasta convertirla en un monstruo social.
México ha llegado a una situación límite y se encuentra ante serios desafíos político-estructurales, que dañan la gobernabilidad, la confianza y la credibilidad del tejido social. El desencuentro con la política ha precipitado un proceso de asociativismo ciudadano al margen de las organizaciones partidistas tradicionales, y una tensión sistémica que explica el ascenso de organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales, que pretenden hacer frente a las anomias del poder.
En este escenario, el surgimiento de NOSOTRXS, movimiento político apartidista de reivindicación ciudadana, se une a la indignación social y desde la revolución de las conciencias, impulsa la integración de colectivos de información y apoyo mutuo, para difundir el conjunto de derechos y mecanismos de exigencia, vigilancia y denuncia existentes en nuestro marco jurídico, mediante una estructura de pedagogía política, que apoya a los ciudadanos a conocer, reconocer y aprender a utilizar los medios legales en la defensa de la igualdad y en el combate a la impunidad.
La acción de estos colectivos ciudadanos, vigilará el buen uso de programas sociales y su eficiencia, evitando el uso clientelar o discriminatorio de los recursos destinados a la igualdad social.
Atenderán el otorgamiento igualitario, eficiente y digno de los servicios públicos y privados en el país, especialmente en educación, salud, transporte, seguridad y medio ambiente; al tiempo que velarán por el uso de recursos públicos en la contratación de obras y servicios públicos.
Estarán enfocados a luchar porque la justicia no sea inequitativa, a que los ciudadanos acompañen, vigilen y denuncien prácticas de extorsión, negligencia o corrupción en la procuración e impartición de la justicia.
En cuanto a la integración de los poderes públicos y la representación política, vigilarán y exigirán la información sobre las candidaturas que se presenten y la forma en que utilizan los recursos que se les entregan, para que los poderes públicos no sean botín de unos cuantos.
Este esfuerzo es loable, pero aún nos preguntamos, ¿cómo asegurar la redistribución de la riqueza y generar oportunidades sociales para frenar la desigualdad que vulnera a la sociedad?
No se puede olvidar que sin justicia redistributiva, no hay justicia social.
Es necesaria la transformación del país apoyada en la fuerza unitaria de la ciudadanía, mediante estructuras institucionales, comunitarias y vecinales, que redireccionen y enfrenten los desafíos de la Nación. Se debe ciudadanizar el ejercicio de gobierno desde la perspectiva de la participación ciudadana como un derecho humano, como una condición imprescriptible e irrestricta del Estado e inherente al desarrollo del tejido social.
Sí entendemos a la participación ciudadana como un derecho humano, sus acciones se vuelven transversales hacia cualquier subsistema social. Entonces, la política, la economía, la educación, la cultura, la ecología, la multiculturalidad, la equidad de género, la protección a la infancia, o cualquier esfera humana, se convierte en rubro de interés público y derrota la dispersión, inconexión y fragmentación social, porque donde inician los derechos de un sujeto social, inicia el sentir colectivo de la Nación.
Es imprescindible la creación de un Sistema de Participación Ciudadana, para fortalecer los esfuerzos por dignificar a la democracia y a la política, y lograr que la virtud del poder soberano del pueblo, sea del pueblo y no le se le arrebate ni por intermediarios públicos y mucho menos, por la corrupción e impunidad.
Estamos en una de las mayores encrucijadas de nuestra historia. Las conquistas sociales que se han dado en materia de derechos humanos, transparencia y rendición de cuentas, y significativamente, en la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, no pueden caer en un regresionismo político, ante la carencia y obstrucción de la ciudadanización institucional y de los mecanismos que la promuevan.
¿Cómo reestructurar la democracia y la política, cuya crisis amenaza la gobernanza del Estado?
La respuesta se encuentra en la vertebración de una Concertación Social Progresista, que en el marco del Sistema de Participación Ciudadana, empodere a la sociedad y de sus estructuras comunitarias y vecinales, para potenciar su activismo y representatividad política ante el establishment.
En este contexto, las estructuras comunitarias y vecinales son el mayor vector político del poder colectivo ciudadano, ya que guardan una estrecha relación con la estabilidad política del orden sistémico y del procesamiento de conflicto, a través de la mediación e integración social que promueven, pero mucho más significativo, de su capacidad de reconducción política y constante rearticulación frente a las tareas del quehacer público.
Frente a la crisis política que atravesamos, hay que entender y aprender del dinamismo colectivo ciudadano. Debemos depurar los mecanismos tradicionales de participación ciudadana en el Contrato Social, para que la democracia se construya como una dimensión relacional, donde la interacción socio-estatal es imprescindible para dar respuesta a la demanda ciudadana.
Las coordenadas políticas que hoy priman en el extravío de las instituciones, han vulnerado el principio democrático de la soberanía popular; deteriorado la redistribución del poder político; y debilitado las virtudes de la gobernanza amenazando la estabilidad y el equilibrio sistémico.
Hacer frente al autoritarismo político y a la exclusión social, exige revalorar el enfoque de ciudadanización institucional y el ascenso de la participación ciudadana como derecho humano, como directriz de un buen gobierno, donde la voluntad soberana de ciudadanía, en un nuevo contexto político, dignifique el horizonte democrático que hoy demanda el pueblo.
Agenda
- El Gobernador Omar Fayad y el Dr. José Sarukhán, Coordinador CONABIO, firmaron un convenio de colaboración para la elaboración del Plan Estado de la Biodiversidad.
- El Dr. Marco Antonio Escamilla Secretario de Salud de Hidalgo, presentó ante el Gobernado Fayad Meneses y el Dr. José Narro, Secretario de Salud del Gobierno Federal, el programa “Todos somos pacientes”, buscando sensibilizar a los prestadores de servicios de salud, para mejorar el trato hacia la ciudadanía.
- Emmanuel Macron resultó electo Presidente de Francia en la segunda vuelta electoral.
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