El Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), vigente en todo el país desde el 18 de junio del 2016, ha dividido las críticas en dos frentes. Las fallas en la implementación y el aumento de la violencia en México han hecho que representantes de distintos sectores del gobierno y de la sociedad pidan cambios estructurales, mientras que otros sectores exigen que las instituciones implicadas cumplan su papel para el funcionamiento pleno del sistema.

La implementación en las 32 entidades del país del nuevo sistema, inserto dentro en la reforma constitucional de 2008, surgió con el objetivo de dar opciones de justicia alternativa para que los procesos se agilicen, que exista justicia pronta para los implicados y que el Estado pueda ahorrar recursos.

Sin embargo, a un año de su entrada en vigor las fiscalías y procuradurías estatales sólo avanzaron en el 40 por ciento de los casos por los que abrieron carpetas de investigación, mientras que el 60 por ciento continuó en trámite o sin que el ministerio público acreditara el cuerpo del delito y encontrara a un probable responsable, según el informe Hallazgos 2016 del Centro de Investigación para el Desarrollo, A. C (Cidac)…

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