Hace 13 años, cuando la campaña de Gilberto Rincón Gallardo para la Presidencia de la República por Democracia Social, a muchos les producía escozor que en la plataforma del partido hubiéramos incluido el tema de la legalización de las drogas como un elemento básico tanto para enfrentar los problemas asociados a los consumos problemáticos de sustancias y las adicciones desde una perspectiva de salud, como para reducir la fuerza del crimen organizado, quitarles su mercado más sustanciosos y poder enfrentarlo de mejor manera desde el Estado. Incluso el candidato Rincón bajaba la voz, poco convencido, cuando hablaba del tema.

La legalización de las drogas era un tabú, nutrido por la visión puritana que sustenta la política prohibicionista y que en aquellos tiempos era hegemónica en el debate político global, a pesar de que ya para entonces la mayoría de los estudios científicos sobre el tema apuntaban a que la prohibición había creado más problemas —y más graves— que los que pretendía resolver, tanto en lo que toca a la salud como en lo relativo a la seguridad ciudadana. Lejos estaba México entonces de la epidemia de violencia desatada cuando Felipe Calderón llevó al extremo el paradigma prohibicionista y se sumó, entusiasta, a la guerra contra las drogas que los Estados Unidos llevaban peleando desde hacía décadas con magros resultados sobre su consumo interno y con efectos devastadores sobre los países donde se combatía en el campo, sobre todo Colombia, cuyo Estado fue minado por el poder de unos cárteles empoderados precisamente por la prohibición.

De entonces a ahora muchas muertes han corrido y mucho se ha avanzado también en la comprensión técnica y científica del fenómeno de la prohibición y sobre la mejor manera de combatir los problemas sociales y de salud asociados a los consumos de sustancias psicotrópicas. A diferencia de lo que ocurría hace trece años, hoy el debate político ya no está cerrado a la discusión de regular estatalmente el mercado de sustancias hoy ilegales para quitarlo de las manos de los delincuentes. De hecho, el consenso monolítico en torno a la política prohibicionista se ha roto y voces relevantes —como las de los ex presidentes Cardoso, Gaviria, Zedillo y Lagos— han llamado al cambio de paradigma, de manera que los temas de salud se traten como tales, se le baje el dramatismo al consumo de sustancias —con base en los estudios que demuestran que sólo una parte de los consumidores de drogas son adictos o problemáticos— y los delincuentes se queden sin un negocio jugoso, del que sacan la mayor parte de los recursos que les permiten resistir y enfrentar a los Estados.

En Colombia, el gobierno del Presidente Santos pidió un estudio técnico sobre el tema a una comisión que acaba de presentar sus conclusiones. El reporte que se ha hecho público llega a conclusiones coincidentes con los análisis académicos y de organizaciones de la sociedad civil sobre el tema. En resumen, la comisión recomienda que la política de drogas sea abordada como un asunto de salud y diferenciada de la política de seguridad; se inclina por abordar la cuestión de los consumidores desde la perspectiva de los derechos humanos y sin criminalizarlos. Se trata de un llamado, cuidadoso en el lenguaje, a la regulación estatal sin penalización del consumo de estupefacientes y de los mercados asociados, frente al modelo prohibicionista a ultranza. Desde antes de pedir el informe, el Presidente Santos había llamado a discutir globalmente el modelo prohibicionista. En Uruguay, al mismo tiempo, el Presidente Mujica promovía la regulación amplia de la mariguana y en dos estados de los Estados Unidos los ciudadanos votaron por la legalización plena de la cannabis para fines recreativos. Incluso el antes creyente Calderón comenzó a hablar de la necesidad de discutir el tema desde una perspectiva de mercado.

El debate ha avanzado rápidamente en los últimos años. Nos encontramos muy lejos de los términos de la discusión del año 2000. Incluso el programa contra las drogas recientemente presentado por el comisionado Gil Kerlikowske ha expresado claramente el fin a la guerra contra las drogas decretado por el Presidente Obama. En contraste, el Presidente Peña Nieto sale con una declaración de principio: “En lo personal, y lo he expresado públicamente, nunca he estado a favor de la despenalización del consumo de drogas ni de la legalización de las mismas”. ¿En qué fundamenta el Presidente Peña su convicción? Por el tono de su declaración, la basa en meros prejuicios morales. Está poniendo por delante una convicción personal no sustentada en el conocimiento y el análisis técnico, como correspondería a un jefe de Estado laico, sino en creencias personales que juzgan el consumo de drogas desde una perspectiva moral. Se trata de un retroceso respecto al punto en el que dejó la discusión Calderón; al final de su gobierno, después de su empecinamiento en mostrarse como el alumno aplicado de una política que desde 2009 dejó de ser una obsesión de los Estados Unidos.

El Presidente Peña, que se ha mostrado crítico con el modelo de seguridad de Calderón basado en la guerra frontal contra las bandas, debería entender que el fracaso de esa estrategia se debió, sobre todo, a que detrás de ella está la prohibición de las drogas y la decisión de perseguir delitos de mercado con mayor fuerza incluso que a los delitos depredadores, como el secuestro o el robo con violencia. Si no es por mero prejuicio, el Presidente debería hacer públicos los estudios en los que basa su oposición a debatir de una manera abierta un modelo de despenalización y legalización de las drogas hoy ilegales. La regulación diferenciada, con diversos grados de liberalización y con políticas de prevención también distintas, es la mejor salida hasta ahora planteada para acotar el problema de consumo de drogas a lo que es —sólo el 4.5% de la población dice haber consumido alguna vez en su vida una droga ilegal y la mayoría lo que ha consumido es la inocua mariguana, mientras que más del 30% de la población padece obesidad—, mientras que se enfrenta al crimen organizado en el corazón de sus negocios y se le expulsa de su mayor mercado.

Fuente: Sin embargo