El miércoles pasado, la Red por la Rendición de Cuentas convocó a sus integrantes a un diálogo con legisladores para alertar sobre problemas en el diseño del órgano anticorrupción aprobado por el Senado en diciembre pasado. (http://tv.milenio.com/en_15/Carlos-Puig_3_228607149.html)

El punto de partida fue reiterar que tanto la comisión anticorrupción, como las modificaciones esbozadas en la reforma constitucional, no son la bala de plata que acabará con la corrupción en el país. Por el contrario, solo una política completa y articulada de rendición de cuentas podrá atajarla de manera eficiente. A pesar de esto, y en vista de que hay un mandato presidencial para la generación de este órgano, se alertó a la Cámara de diputados sobre aspectos puntuales que habrían de considerarse para que el órgano anticorrupción no se convierta en una herramienta de control político y con ello, evitar que se generen nuevos incentivos para la corrupción. Concretamente se sugirieron 5 aspectos:

a)    Que los auditores internos no sean solamente “certificados” por el órgano anticorrupción sino que formen parte de un servicio profesional de carrera establecido en la Constitución. En este sentido, deben de considerarse mecanismos de designación y adscripción que garanticen su independencia.

b)    Que el artículo 7o transitorio (http://rendiciondecuentas.org.mx/wp-content/uploads/2013/12/Dictamen-Anticorrupcion1.pdf) , en el cual se establece la posibilidad de emprender reformas legales sustantivas para un sistema nacional de rendición de cuentas debe ordenar reformas para: I) las leyes del servicio profesional de carrera para todos los servidores públicos federales, estatales y municipales; II) las leyes que establecen las normas y los procedimientos para el ejercicio del gasto público, incluyendo la contratación de obras y la adquisición o el arrendamiento de servicios, a fin de conjurar la discrecionalidad; III) las leyes que fijen la coordinación entre los distintos órganos de control, auditoría, transparencia, evaluación y sanción que hoy se encuentran dispersos en las normas secundarias. El Legislativo federal debe darse un plazo y otorgarlo por igual a las legislaturas estatales para que esas reformas se produzcan, sin dejar ningún espacio a la posibilidad de que no sucedan.

c)    Que la facultad del nuevo órgano anticorrupción para emitir recomendaciones en materia de mejoras a la gestión pública tenga el mismo peso que el otorgado a las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Estas recomendaciones deben ser obligadamente respondidas por los entes a quienes se dirigen, en plazos perentorios y en caso de que la respuesta sea insatisfactoria se habrá de facultar a la Cámara de Diputados para emprender auditorías de desempeño y de legalidad a los órganos que se hayan negado a acatar recomendaciones o en su caso para iniciar juicio político contra los servidores públicos involucrados.

d)    Que se modifique la conformación del consejo consultivo del órgano anticorrupción para que quede integrado por un grupo de siete ciudadanos (no sólo tres), con plena apertura hacia las propuestas de la sociedad para vigilar el funcionamiento del órgano y supervisar el curso de las denuncias ciudadanas que eventualmente se presenten. La coordinación entre instituciones públicas debe quedar salvaguardada en las leyes secundarias, mientras que la presencia de los ciudadanos para garantizar el control democrático de las autoridades, debe plasmarse en dicho consejo consultivo.

e)    Que los artículos transitorios mandaten al Congreso a prever en la legislación secundaria los mecanismos de coordinación y vinculación entre las diversas instancias que actuarán en materia de responsabilidades y corrupción, muy especialmente entre el órgano anticorrupción y la PGR y entre el órgano anticorrupción y el resto de los poderes sobre los que ejerce responsabilidades compartidas. La eficacia de la reforma depende de esto y facilita la recomposición del consejo consultivo.

Como en otros trabajos de la Red, la deliberación reiteró la centralidad que se merece el tema del combate a la corrupción. Los legisladores presentes, se comprometieron a abrir espacios de diálogo que den cabida a estas exigencias.