Desde 2011 se realiza el Premio a la Innovación en Transparencia entregado por el IFAI, el Banco Mundial, la Auditoría Superior de la Federación, el INAP y la Secretaría de la Función Pública.
Su propósito es “identificar, reconocer y difundir a nivel nacional las mejores experiencias o innovaciones que las dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal y municipal, los poderes legislativos y judiciales, así como los organismos autónomos, lleven a cabo en materia de máxima publicidad y acceso a la información, sistemas de gestión de información y mecanismos para facilitar el acceso de las personas a la información pública”.
Además -se agrega- “a través del Premio y de sus ediciones anuales, las instituciones convocantes buscan reconocer y publicitar aquellas acciones, políticas públicas o proyectos que muestren resultados favorables a la ciudadanía y que permitan promover y desarrollar mejores prácticas en otras instancias públicas”.
Ganadores ¿transparentes?
Una de las premisas más importantes es que se busca “reconocer y publicitar” acciones, buenas prácticas, políticas públicas o proyectos innovadores.
Y no está demás insistir: ¡No es una certificación!
En otras palabras, con este reconocimiento a una práctica, a un proyecto, página web o política pública, no se le está otorgando aval alguno con respecto de la actuación general de las instituciones ganadoras.
Año con año el problema ha caminado en dos sentidos. Gobiernos e instituciones poco transparentes y con nula probidad han invertido cuantiosos recursos para lograr el premio y, una vez obtenido, utilizarlo mediáticamente para insistir hasta el cansancio (y a la fuerza de millones de pesos derrochados en publicidad oficial) que su gobierno es transparente y que rinde cuentas. “Hasta el IFAI y el Banco Mundial nos lo reconocieron” -responden una y otra vez a la defensiva.
Así, el premio anual ha ido cayendo en desgracia por la contradicción entre la probidad de los gobiernos e instituciones ganadoras y el abuso del premio, esto como un resultado no esperado y del cual los jurados y las instituciones convocantes ya no tienen control alguno.
Así, en el premio 2011, el Ayuntamiento de Hermosillo obtuvo un premio por su Unidad Municipal de Transparencia. También estuvieron la Comisión Federal de Competencia, la SEP, el Municipio de Mérida, entre otros.
En 2012, el IMSS obtuvo el premio por su portal de compras cuando no han sido aislados los casos de corrupción tanto en la adquisición de medicamentos como en otras áreas. Otros ganadores fueron Conaculta y la Contraloría de Oaxaca.
Mención aparte tiene la Delegación Miguel Hidalgo, quien ganó premio por su proyecto “Transparencia Total” pero que ha estado inmersa en tales problemas de corrupción que en algún momento de su historia fue cerrada la oficina de licencias y de manera constante fue denunciada por sus habitantes por corrupción y extorsiones.
Al igual, en el 2013 el Gobierno de Sonora obtuvo el premio por su portal de transparencia y en este 2014 repite por un portal sobre adquisiciones en el Isssteson que, si bien sí es un proyecto innovador e interesante, contrasta en exceso con las observaciones de la Cuenta Pública por malos manejos. La misma auditoría superior de Sonora (ISAF) por primera vez en su historia presentó demandas penales contra su directora por daño patrimonial por alrededor de 40 millones de pesos.
Eso sin considerar todos los “detalles” que en medios nacionales han salido a la luz pública sobre el mal manejo/mal gasto de los recursos de dicha institución de Salud y, en general, del Gobierno de Sonora.
La entrega de ese premio el día de mañana viernes de manos del IFAI, a la luz del actual contexto, resultaría similar a si la Profepa le otorga un premio a Grupo México por una práctica innovadora y aislada en la protección al medio ambiente.
Los futuros premios
El reto está en pasar a verdaderas certificaciones integrales que incentiven la transparencia, el correcto ejercicio de recursos y una justa rendición de cuentas. ¿Por qué no pensar en una matriz que premie a quienes obtienen las menos observaciones en sus cuentas públicas? ¿Por qué no destacar a quienes reciban menos recursos de revisión ante sus órganos garantes de transparencia? ¿Por qué no premiar a las instituciones que lograron una correcta aplicación de los recursos públicos y resultados concretos?
¡Hasta la próxima!
Fuente: El Imparcial
