El  2 de julio de 1986, el fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri y la activista Carmen Gloria Quintana, fueron detenidos en Santiago de Chile, por oficiales de una patrulla militar, durante una protesta antigubernamental. Los oficiales los rociaron con gasolina y les prendieron fuego para posteriormente abandonar sus cuerpos en un camino a las afueras de la ciudad. Rodrigo Rojas, residente norteamericano, no sobrevivió a las heridas, sin embargo, Carmen Quintana pasó por un calvario de tratamientos que le permitieron permanecer con vida para contar su historia y vivir el resto de sus días con el cuerpo y rostro desfigurados. El entonces Presidente, Augusto Pinochet encubrió y rechazó investigar el caso conocido como “Los quemados”. La “verdad” oficial fue que ambos activistas estaban involucrados en actos terroristas y que habían muerto por causa de sus propias bombas molotov. Hace un mes, el National Security Archive publicó documentos desclasificados que indican que el mandatario rechazó aceptar un informe policiaco que identificaba a su propio ejército como responsable de la quema de los manifestantes. Los documentos revelan también que el encubrimiento incluyó la tortura de testigos oculares y la presión a jueces y abogados. La información ayudó a los interrogatorios de siete exmilitares involucrados en el caso que fue reabierto, 30 años después, tras la confesión de un recluta. Este caso ilustra bien cómo los archivos son a la vez identidad, registro, historia y pieza clave para el ejercicio de derechos humanos y la exigencia de responsabilidad de la actuación gubernamental. En México diversos factores como la falta de capacidades y de soporte normativo, la ausencia de vinculación entre generación y gestión de la información así como la ausencia de una política de gestión archivística han hecho que los archivos sean hoy en día el eslabón perdido de la rendición de cuentas. Tampoco ayuda que la comunidad de práctica esté desarticulada y que no cuente con una base organizativa capaz de colocar este tema en la agenda pública. Para contar con un diagnóstico más preciso de la situación de la política de gestión archivística en México y para formular propuestas viables, el próximo viernes a partir de las 9:00 am, se realizará en el CIDE el Seminario co-convocado por el Archivo General de la Nación “México pierde información. Hacia una política de gestión archivística”. En el contexto actual de cambios normativos e institucionales, la discusión sobre las coordenadas que permitan la creación, preservación y acceso público de documentos que reflejen el actuar gubernamental requiere de un diálogo interinstitucional pero sobre todo de un compromiso para darle a los archivos la prioridad que se merecen.