El pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, las cuales validan la figura de la denuncia anónima contra actos de incumplimiento y corrupción de funcionarios.

El dictamen, avalado en lo general por 345 votos a favor, 37 en contra y 14 abstenciones, pretende proteger a denunciantes y a personas que aporten información relacionada con posible incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos.

En la discusión en lo particular se agregó un párrafo al Artículo 10 de esa ley, propuesto por la diputada Luisa María Alcalde Luján, del Movimiento Ciudadano; posteriormente se aprobó con 328 votos a favor, 18 en contra y 27 abstenciones, por lo que se regresará al Senado para su validación.

Para ello, se establecen los requisitos mínimos que deberán contener las denuncias o quejas que se presenten ante las unidades correspondientes.

El documento precisa como obligación de los servidores públicos abstenerse de inhibir a los posibles quejosos o denunciantes, quienes podrán presentar sus señalamientos de forma anónima, con datos o indicios.

El incumplimiento de dicha obligación será considerado por las autoridades competentes, es decir la Secretaría de la Función Pública, como grave, destaca.

Entre otros puntos, el dictamen advierte que las infracciones graves serán sancionadas de 10 a 20 años de inhabilitación, así como la destitución.

A nombre de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, la diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles destacó que este dictamen reforzará el marco jurídico en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos y el combate a la corrupción.

La legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) sostuvo que la corrupción, fenómeno que ha padecido México durante muchos años, “es una práctica que humilla a los mexicanos al forzarlos a pagar sobornos a funcionarios para que hagan el trabajo que les corresponde”.

Por ello, subrayó que como legisladores tienen la responsabilidad de crear las leyes que coadyuven a construir un gobierno honesto y democrático, que se someta en todo momento al escrutinio y evaluación de la sociedad…

Nota completa en: El Universal