A principios de la semana, los diputados aprobaron en comisiones la esperada minuta en materia de transparencia que el Senado había votado desde diciembre, luego de un amplio proceso de consulta a la sociedad. En medio de una discusión marcada por la opacidad y la información a cuentagotas, representantes en su mayoría del PRI y del PVEM introdujeron una serie de modificaciones que marcaban un franco retroceso en transparencia.

Las reacciones no se hicieron esperar y diversas voces, muchas de las cuales forman parte de la Red por la Rendición de Cuentas, alertaron sobre el efecto regresivo de esta reforma (http://rendiciondecuentas.org.mx/el-dictamen-aprobado-es-un-completo-retroceso-colectivo-por-la-transparencia).

Afortunadamente los diputados rectificaron y aprobaron un dictamen de reforma que, aunque  modifica la versión aprobada en el Senado, contiene avances sustantivos y toma en cuenta varias de las exigencias de la sociedad (http://rendiciondecuentas.org.mx/wp-content/uploads/2013/08/162356283-Dictamen-de-Reforma-de-Transparencia-22-de-agosto-2013.pdf).  En primer lugar, la reforma brinda autonomía constitucional al IFAI y establece que sus resoluciones sean vinculatorias, definitivas e inatacables situación que no sucede actualmente, tal y como lo documentan los litigios registrados en el informe de labores de este órgano: http://inicio.ifai.org.mx/nuevo/10o_informeF.pdf. En segundo lugar, la reforma amplía el catálogo de sujetos obligados directos de transparencia a los partidos políticos, sindicatos, fondos y fideicomisos públicos así como cualquier persona física y moral que reciba y ejerza recursos públicos. En tercer lugar, la reforma amplía el número de Comisionados de 5 a 7 sin restringirlo a ninguna profesión específica. Se establece además un mecanismo de selección vía el Senado que considera una amplia consulta a la sociedad, que procura la equidad de género y que permite la especialización del cargo vía la renovación escalonada. Ante la presión de diversas organizaciones de la sociedad civil, los diputados modificaron la minuta para que los actuales comisionados puedan permanecer en su cargo hasta concluir su periodo. Sin embargo, será a petición expresa de los Comisionados y bajo la aprobación de las 2/3 partes del Senado. En cuarto lugar, la reforma busca fortalecer la relación del órgano garante con la ciudadanía a través de la creación de un consejo consultivo integrado por diez consejeros de la sociedad civil.

En quinto lugar, la reforma establece las bases para la documentación de todo acto de autoridad y permite que haya un “piso común” en todo el país para el ejercicio del DAI a través de la promulgación de leyes generales en materia de transparencia y acceso a la información. También establece la necesidad de la existencia de una ley general de archivos y determina que haya una instancia especializada que se ocupe de los temas en  materia de protección de datos personales en posesión de particulares. En lo que se crea la instancia, estas labores las continuará realizando el IFAI.

Para reducir la fragmentación de esfuerzos entre instituciones que trabajan sobre alguno de los pilares de la rendición de cuentas, la reforma establece la coordinación de labores entre el órgano garante de acceso a la información, la Auditoría Superior de la Federación, el Archivo General de la Nación y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). Esto sin duda implicará la alineación de información, de tiempos, de accesibilidad, de criterios y de datos para la ciudadanía.

El dictamen de reforma podría haber sido perfecto, sin embargo, dos cuestiones han generado inquietud: la primera es el “candado” mediante el cual el Consejero Jurídico del Gobierno puede interponer recursos de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando las resoluciones del órgano garante pongan en riesgo la seguridad nacional. Esta disposición resulta ociosa porque las mejores prácticas de transparencia muestran que los criterios para reservar información por cuestiones de seguridad nacional son claros y no requieren mecanismos de control adicionales. La segunda es haber dejado la selección del Comisionado Presidente en manos de los demás comisionados situación que ha demostrado tener más costos que beneficios. Ambas cuestiones son muy criticables, sin embargo, ante el enorme avance logrado, de los males el menor.