Catorce ex presos políticos chilenos anunciaron este jueves la liberación de los archivos con los testimonios y evidencias sobre las torturas que sufrieron durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que estaban protegidos por 50 años a partir de 2003.

Organizaciones sociales y de ex presos políticos presentaron varios recursos judiciales para abolir el secretismo que rodea a los archivos de la denominada Comisión Valech, que en 2003 recogió los testimonios de miles de torturados por agentes del régimen de Pinochet.

La liberación, que abarca sólo los archivos sobre estos 14 ex presos, “es un gran paso, porque por 50 años se nos puso una ley maldita” que prohibía su publicación, dijo David Quintana, presidente de la Asociación de ex presos políticos.

“Esta ley no permitía que se sepan los nombres de nuestros violadores, asesinos los que hicieron desaparecer a nuestros compañeros”, añadió.

Los testimonios recogidos por la Comisión encabezada por el obispo católico Sergio Valech no figuraban en el informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación que, a comienzos de la década de 1990, compiló los casos de muertos y desaparecidos durante la dictadura.

Recientemente el Congreso chileno votó por mantener los 50 años de protección de los archivos de la Comisión Valech, pero en paralelo la justicia ordenó entregarle los informes individuales a las víctimas que los reclamaron. Eso, porque el texto de la norma deja abierta la puerta a la liberación de la información a través de un recurso judicial presentado individualmente por los expresos o sus familiares directos, en caso de fallecimiento de la víctima.

La posibilidad de hacer público los archivos llevó a la creación de un movimiento artístico denominado Desclasificación Popular, que ayudó a los 14 ex presos a conseguir judicialmente los archivos de sus testimonios. Para la vocera de este movimiento, Javiera Campos, la liberación de los archivos es importante porque devuelve la memoria a sus dueños y da inicio al “estudio real de lo que pasó en la dictadura”.

El contenido de los archivos varía según sus protagonistas.

“Hay carpetas de presos políticos con dos archivos, otras 30”, dijo Campos. Lo importante es que “tienen la ficha de calificación que confirma que el estado los reconoce como víctimas”, comentó.

Transcripciones de entrevistas, recortes de diarios y certificados de distintas fases del proceso de detención también son partes de algunas de las carpetas que serán revisadas por el colectivo popular y los ex detenidos…

Nota completa en: La Jornada