Por: Lorenzo Córdova
En 2018, el país enfrentará la elección más grande de su historia y, con ello, definirá su rumbo político en los próximos años. Las dimensiones de la elección suponen una serie de importantes desafíos que involucran a distintos actores institucionales, políticos y sociales.
La recreación de la convivencia en una democracia implica un conjunto de responsabilidades compartidas que, de no cumplirse, ponen en riesgo la subsistencia misma de esa forma de gobierno o, al menos, su adecuado funcionamiento. Por lo tanto, hablar de los desafíos que habremos de enfrentar este año involucra a diversos actores. Me centro, en esta ocasión, en los retos que involucran a tres de ellos: autoridades electorales, partidos y candidatos y ciudadanía en general.
Como premisa, y para entender la magnitud de las elecciones de 2018, vale la pena recordar algunos datos: a) estaremos convocados a las urnas casi 88 millones de electores (es decir, casi 9 millones más que en 2012); b) ello implicará que el INE deberá instalar más de 156 mil casillas en el país (13 mil más que hace 6 años); c) lo anterior conlleva a que luego de visitar a 11.5 millones de ciudadanos en sus domicilios entre febrero y marzo, el INE tendrá que convencer y capacitar a 1.4 millones de ellos para que el día de la elección funjan como funcionarios de casilla y con ello reciban y cuenten los votos de sus vecinos (estamos hablando de 400 mil funcionarios más que en las pasadas elecciones presidenciales); d) tendremos además elecciones locales concurrentes con los comicios federales en 30 estados (hasta ahora la máxima concurrencia se había dado en 2015 con 16 elecciones locales), en nueve de los cuales se renovarán sus respectivos poderes ejecutivos; e) finalmente, el número de cargos de representación en disputa en las urnas asciende a 3 mil 406 (alrededor de 1,300 más que en 2012).
Lo anterior anticipa una serie de retos logísticos y políticos nunca antes vistos: los comicios más grandes realizados hasta ahora, y una inédita disputa por el poder político a todo lo largo y ancho del país.
La autoridad electoral nacional tiene en ese contexto tres tipos de desafíos (me detengo particularmente en éstos por obvias razones): el primero es de tipo operativo. Por las dimensiones de la elección la autoridad nacional debe realizar el despliegue de campo más grande a cargo del Estado mexicano; cerca de 50 mil funcionarios deberán recorrer el país en pocas semanas visitando y capacitando a quienes serán sorteados para ser funcionarios de las casillas y proveer a cada mesa de votación del material y documentación electoral que debe producirse, distribuirse y resguardarse con las más altas medidas de seguridad. Además, la reforma de 2014 convirtió al INE en el órgano rector del sistema nacional de elecciones, lo que conlleva una compleja coordinación con los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) con quienes coadyuva a realizar las elecciones locales en un contexto en el que suele haber mucha confusión en el público para entender qué funciones son responsabilidad del INE y cuáles son de los órganos estatales.
Por otra parte, ese trabajo ocurre, en ocasiones, en zonas de alta inseguridad que suponen un monitoreo permanente de las condiciones prevalecientes, la toma de precauciones muy altas y la comunicación permanente con las instancias -principalmente federales- responsables de la seguridad pública. La experiencia acumulada a lo largo de muchos procesos electorales federales y locales permite contar hoy con un cuerpo profesional de funcionarios que han sabido enfrentar exitosamente condiciones adversas y que las condiciones de inseguridad no hayan sido un impedimento para la realización de las elecciones. Sin embargo, es un tema delicado y cambiante que supone para el INE una atención permanente.
El segundo desafío tiene que ver con la capacidad de arbitraje que paralelamente a la organización de las elecciones tiene que realizar el INE. Ese arbitraje se da esencialmente en dos ámbitos: resolviendo las quejas que en materia de propaganda (casos en los que la sentencia final le corresponde al Tribunal Electoral) o bien de posibles violaciones a las obligaciones y prohibiciones que tienen los partidos y candidatos, y en relación con la materia de fiscalización de los ingresos y gastos de la competencia electoral. Con seguridad el INE va a enfrentar un contexto de alta litigiosidad en donde las quejas son parte de la cotidianeidad de las estrategias y de las actuaciones de los partidos políticos durante las contiendas electorales. El reto que enfrenta la autoridad electoral es, por un lado, ser congruente en la resolución de esos asuntos y, por el otro, lograr explicar con claridad el sentido y las razones que subyacen a sus resoluciones para contrarrestar las acusaciones de parcialidad que le hacen los partidos cuando las decisiones no les convienen.
En tercer lugar, el INE tiene el desafío de (re)construir la confianza de los ciudadanos en torno a su actuación (en un momento en el que la desconfianza en las instituciones y en la política constituyen una de las principales amenazas para los sistemas democráticos en el mundo). La razón es sencilla: si no hay una base de confianza en la autoridad electoral, difícilmente la habrá en los resultados de las urnas y, en consecuencia, en los gobiernos electos. El desafío es mayúsculo y a ello contribuyen en gran medida los actores políticos, más preocupados en su beneficio propio, que en la estabilidad del sistema democrático. Ello le impone al INE no sólo la obligación de una actuación absolutamente imparcial, sin filias ni fobias, sino también la de desarrollar una capacidad explicativa inédita en relación con sus decisiones (los por qué de las mismas) y con todos los blindajes previstos en las normas para prevenir el fraude electoral, y que los ciudadanos acudan a emitir su voto con confianza y en absoluta libertad.
La ley establece con claridad las reglas de la competencia electoral y cuáles son los límites a los que tienen que ajustarse los contendientes. El INE vigilará que ello ocurra en todos los casos. Pero me parece que el principal reto que enfrentan quienes van a competir por el voto es el de presentar de cara a sus electores un diagnóstico y una oferta política que esté a la altura de los grandes problemas que enfrenta el país. Reitero que la pobreza oceánica, la profunda desigualdad, la corrupción, la impunidad y la inseguridad constituyen los grandes males de nuestro tiempo que amenazan gravemente la cohesión social del país. Frente a ese ominoso escenario, las y los mexicanos necesitamos una contienda política de altura que privilegie el contraste de las propuestas que los distintos competidores nos presenten. Si al final lo que prevalece es, una vez más, la salida fácil de centrar las campañas en la mera descalificación del contrario, el descrédito y la aversión a la política que peligrosamente está erosionando nuestra vida democrática se irá agravando
Las elecciones son una oportunidad única para que las y los ciudadanos podamos ejercer una rendición de cuentas a los gobiernos y a los actores políticos, juzgando y premiando o castigando con nuestro voto su actuación. El principal reto que en 2018 tenemos las y los mexicanos es ir a las urnas informados para decidir sobre el futuro del país, y no dejarnos vencer por la desconfianza; se trata de expresar nuestro sentir político en las urnas. Miente quien sostiene que el voto no sirve de nada. En apenas tres décadas pasamos de un país completamente dominado por una fuerza política y en el que el ganador estaba prácticamente predeterminado, a un país cruzado por la pluralidad, en el que quien gana no gana todo y quien pierde no pierde todo, ni ello ocurre de una vez y para siempre, en donde prácticamente todo gobierno necesita de la oposición para aprobar leyes. Y todo ello se logró mediante el voto. De hecho, los últimos tres años son el periodo con el mayor nivel de alternancia política de nuestra historia democrática; y aunque la alternancia no es condición de existencia de una democracia, sí es la mejor prueba de que el futuro político de un país depende del voto ciudadano (si hay o no alternancia, eso lo deciden las y los ciudadanos en las urnas).
Por eso es indispensable que, más allá de la existencia de clientelismos o de intentos indebidos por incidir en la autonomía de los electores, las y los ciudadanos nos apropiemos de las elecciones (que son nuestras) y en libertad y sin presiones decidamos el sentido de nuestro voto en libertad y en paz.
___________________________________________________
El autor es consejero presidente del Instituto Nacional Electoral.
