Con la tasa de popularidad más baja en lo que va de este sexenio, el Presidente Enrique Peña presentará su cuarto informe de gobierno. La fecha llega en medio de una gran complejidad en muchos ámbitos de la vida pública nacional. Basta mencionar, por ejemplo, los graves problemas de implementación que han tenido las  reformas estructurales que se realizaron al inicio de este gobierno, la fuerte desigualdad que impera en la población mexicana (México es el país con mayor brecha de los países miembros de la OCDE), la prevalencia de un salario mínimo que no alcanza para cubrir las necesidades básicas o el pobre desempeño económico. Sin duda corrupción y economía están al centro de las preocupaciones de la ciudadanía. Otro elemento de gran relevancia está relacionado con la falta de transparencia en los criterios aplicados para realizar los ajustes al gasto público que ha hecho el gobierno a lo largo de este año.  Un verdadero ejercicio de rendición de cuentas llevaría a conocer el impacto de los ajustes al gasto público  y, sobre todo, entender la lógica a partir de la cual se reagrupó el presupuesto, pues los recortes han afectado a los programas públicos y, en suma, también modificaron sus resultados pretendidos.

También sale a relucir la urgencia de ordenar objetivos y acciones en las políticas públicas del país. El informe de gobierno incluirá un repaso de acciones nada desdeñables, sin embargo, desde el punto de vista de las políticas públicas permanecen desfases y, si se quiere, fracasos que no es posible ignorar. La ausencia de estrategias que permitan consolidar la política nacional en materia de educación básica ha sufrido ajustes considerables en el año que corre y la lógica detrás de éstos no necesariamente remite a análisis serios, sino a respuestas efectistas a los problemas generados por la reforma educativa.

A pesar de todo, en este Informe habrán de plasmarse en su justa dimensión los avances normativos e institucionales que se han dado en materia de transparencia y combate a la corrupción. Esos ajustes no son menores, pues lograron perfilar un nuevo diseño institucional que toca el corazón de la gestión pública. Está pendiente la implementación y el ajuste a otro paquete de leyes para lograr consolidar de manera integral la nueva estrategia de rendición de cuentas y combate a la corrupción. En cada uno de estos aspectos estaremos dando seguimiento puntual para que todo este nuevo entramado legal e institucional responda de manera fiel a los principios bajo los cuales se crearon. Esperamos que en el marco de este Informe, el Presidente Enrique Peña Nieto vaya más allá de la exposición de un catálogo de buenas intenciones. Es urgente consolidar una verdadera ruta de acción que permita hacer un control de daños y que consolide las reformas estructurales que se han aprobado.

La exigencia principal de la ciudadanía en este contexto debería ser la normalización, el orden, en las acciones de gobierno y, por otro lado, la mejora de la gestión. Es decir, la lógica de la inercia —tanto en el presupuesto como en la acción gubernamental— ha colocado a la administración pública federal como una maquinaria anquilosada que ofrece resultados casi idénticos cada año. El comportamiento inercial de la administración no necesariamente responde a la concentración de gasto en ciertos rubros, sino a la propia lógica administrativa. El problema mayor es que se ha llegado a un punto en el que los recursos públicos no se consideran inversión, sino recursos que sirven para lubricar una maquinaria que no mejora, no innova y, quizás lo más importante, sigue sin responder a un orden que dote de eficacia a su actividad.