El proyecto de Constitución de la Ciudad de México ha sido criticado de muchas maneras y por múltiples especialistas, particularmente en lo que tiene que ver con la sobre exposición de derechos de todo tipo en beneficio de toda clase de grupos denominados vulnerables o minoritarios.

Si bien es importante garantizar apoyos y condiciones de vida digna a todas las personas, hubiera sido absolutamente valioso que los redactores del documento pensaran, entonces, en cómo generar la riqueza necesaria para financiar todos esos anhelos que escribieron.

Lo preocupante del proyecto es que no aborda, ni en el fondo ni por la superficie, las estrategias, andamiajes institucionales u orientaciones generales para el fomento económico de la ciudad. Eso es grave, pues los conceptos y directrices generales que deben de existir en una constitución para dejar en claro cómo se entenderá y acordará la producción y distribución de la riqueza no están presentes en lo que se lee del texto.

Sólo en partes muy salpicadas del documento se hace mención de la actividad económica capitalina y únicamente cuando es necesario señalarla como un bien pasivo del que hay que echar mano para beneficio de las necesidades de la ciudad y de los necesitados. La visión activa de la economía, es decir, su conceptualización como una actividad viva, como un derecho de las personas de autogenerar riqueza no está incluida ni protegida, ni siquiera en el apartado de los derechos a la inclusión.

El proyecto constitucional habla en varios momentos de cómo usar la actividad económica de la ciudad para proyectos sociales, pero no expresa ninguna idea de cómo fortalecer dicha actividad económica que es, a final de cuentas, la que realmente permitiría crear riqueza, flujo financiero, impuestos y, evidentemente, recursos públicos disponibles.

De las pocas ideas relacionadas a la economía de la capital se revela una estrategia para adaptar a la Ciudad de México hacia el siguiente escenario:

• Una ciudad donde los espacios públicos dejen de serlo para posibilitarlos como espacios de trabajo de todo tipo de grupos y para todo tipo de actividades, sin ofrecer una esperanza de resolver primero el problema de saber siquiera cuántos grupos tenemos y qué actividades realizan.
• Una ciudad donde se programen subsidios, apoyos y pensiones al trabajo “no asalariado”, de tal forma que los beneficiados ya ni siquiera anhelen el trabajo asalariado.
• Declarar a las cuatro quintas partes de los habitantes de la ciudad como pertenecientes a algún grupo que califique como vulnerable, con el fin de apoyarlos de alguna forma con los fondos producidos, también de alguna forma, por la quinta parte de la población restante.
• Identificar a aquellos que, aun sin ningún tipo de fomento o apoyo, se atrevan a producir riqueza y someterlos a escrupulosas regulaciones ambientales, prediales y laborales que garanticen que van a aportar una parte justa de sus ganancias para cumplir los objetivos sociales de la ciudad.

Parece ironía o cuento, pero es lo que dice el proyecto constitucional. Realmente estaríamos adaptando a la Ciudad de México para la eterna pobreza.

Un diseño normativo favorable al fomento económico mantiene una lógica evolutiva similar a esta: que los informales se hagan formales, que los micronegocios  se hagan pequeños, los pequeños se hagan medianos y los medianos y grandes se mantengan donde están.

Si dejamos que la constitución de la ciudad funcione tal cual aparece en el proyecto estaremos detonando una dinámica económica perversa: que los grandes se asusten y se vayan, que los medianos paguen todo y se hagan pequeños, que los pequeños lleguen a micros y que los informales se queden donde están.

Trato de respetar mucho las ideas de las personas, pero hay límites. El grupo redactor no incluyó postulados de fomento económico porque privilegió su ideología por encima del bien público. Es importante señalar esto ante los constituyentes para que no cometan el mismo error.

La Ciudad de México no tiene nada que ver con la Europa de Marx. En ese entonces no había empresariado intermedio. O se era gran industrial o se era proletario.

Hoy es muy distinto. Una simple lectura a las cifras del último Censo Económico del INEGI revela que de las 450,000 empresas formales que hay en la CDMX, ni el 4% son del tamaño y perfil de las que odiaría Lenin.

Quizá Trosky podría pensar que las empresas medianas, aquellas de 11 a 50 empleados, representan todavía símbolos de explotación y concentración injusta de riqueza. Pero resulta que ese tipo de empresas apenas significa el 6% de las unidades productivas de la ciudad.

La gran masa restante de unidades productivas capitalinas, el 90%, califica como micronegocio, capaz de generar de 1 a 10 empleos. Y si vemos con lupa nos daremos cuenta que una buena parte son negocios de autosubsistencia familiar: las microempresas de Iztapalapa promedian 3 ocupaciones, las de Tláhuac o Milpa Alta sólo 2. Únicamente en nuestras zonas doradas como la  delegación Benito Juárez o Miguel Hidalgo los micronegocios llegan a emplear a más de 8 personas.

Hasta Vicente Lombardo Toledano estaría de acuerdo que, bajo estas circunstancias,  castigar a los negocios de la ciudad con el rigor de la exigencia y la ausencia del fomento es como querer matar una mosca con un cañón en medio de un mitin.

¿Cuáles son los temas que no están?

Hay, por lo menos, cuatro grandes temas que necesitan tener expresiones generales en la constitución local para que se puedan derivar de ellas buenas legislaciones secundarias, eficaces y socialmente útiles:

1. El reconocimiento de que, en materia económica, necesitamos diseñar fomento diferenciado para, mínimo, tres vocaciones y realidades geográficas bien definidas: la comercial, la industrial y la rural. Esta noción del fomento diferenciado puede otorgarle base constitucional a la posibilidad de rediseñar nuestros sistemas de permisos y giros, la asignación de usos de suelo a nuestras regiones y colonias y la redefinición de nuestras rutas y horarios laborales.
2. El planteamiento del fomento económico como un ejercicio de planeación participativa sistemático y obligado en la ciudad y sus alcaldías.
3. La noción de la economía solidaria con sentido estratégico que abra las posibilidades de recuperar y fomentar la manufactura (que es la actividad que más empleos puede generar, por cierto), en combinación con el fomento del mercado interno (ya que no hay disposición de reducir toda la colección de tianguis que hay, por lo menos que sea bajo la condición de que coloquen las manufacturas nacionales en el mercado).
4. El fomento a la creación y la escalabilidad de las sociedades cooperativas y figuras similares. Incorporarlas formalmente como mecanismos de combate a la pobreza y promover su competitividad en el mercado formal. Las concesiones de los bajo puentes de la ciudad debieron haber sido para las cooperativas de nopal y mole de Milpa Alta y no para el Burguer King, por ejemplo.

Espero que los constituyentes sean abiertos y consideren en incluir y robustecer buenas reglas de fomento económico para la ciudad. Necesitamos una constitución diseñada para generar y distribuir riqueza que, a la larga, nos haga progresivamente autosuficientes y no eternamente pobres.