Mauricio Merino, Coordinador de la Red por la Rendición de Cuentas, reveló que en días pasados, la oficina de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República hizo llegar a organizaciones civiles una propuesta de diversas reservas en torno a la redacción del dictamen de la Ley General de Transparencia, las cuales representan un avance en cuanto a la discusión de la misma; sin embargo, señaló, aún hay que discutir varios puntos al respecto.

Durante la segunda jornada de audiencias públicas entre representantes de Organizaciones Civiles, Sujetos Obligados y legisladores de las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Gobernación, y de Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores, Merino reconoció que esta mesa de diálogo no hubiera sido necesaria si se hubiera seguido la ruta original de la redacción de las Leyes Generales de Transparencia y no hubieran cortado el camino de los acuerdos establecidos.

Sobre los puntos que la Consejería Jurídica redactó al Respecto, el investigador del CIDE detalló que se deben analizar a fondo los siguientes puntos:

  1. En cuanto a los fondos y fideicomisos que no cuentan con una estructura, las solicitudes de información pueden ser atendidas mediante las unidades administrativas correspondientes, sin la necesidad de crear unidades especializadas para ello;

  2. Es materialmente imposible dar información precisa sobre exenciones fiscales, para ello se proponen dar a conocer datos como nombre, denominación o razón social y clave del registro federal de los contribuyentes a los que se les hubiera cancelado o condonado algún crédito fiscal. Asimismo, la información estadística sobre las exenciones previstas en las disposiciones fiscales;

  3. Que las obligaciones en materia energética se regulen en la Ley Federal de Transparencia;

  4. Que lo sujetos obligados puedan informar al Consejero Jurídico de la Presidencia aquellas resoluciones del IFAI que consideren, vulneran la seguridad nacional, para que éste determine lo conducente, sin que esto signifique una ampliación o transferencia de la facultad exclusiva del Consejero Jurídico;

  5. Las investigaciones de los delitos deben conservarse bajo reserva en atención a que la difusión de la información contenida en ellas podría afectar gravemente la persecución de los mismos y, con ello, al sistema de impartición de justicia;

  6. Propone que las sanciones deben corresponder al sujeto obligado, no a los órganos garantes;

  7. Se considera que en razón de que la Ley General, por su naturaleza, es jerárquicamente superior a las leyes federales y locales, las causales de reserva que se pudieran establecer en éstas últimas, no podrían ser contrarias a los parámetros previstos en la Ley General, pues ello derivaría en su inconstitucionalidad;

  8. Reconoce que puede haber posibilidad de inexistencia de información; pero se debe justificar puntualmente y aplicar sanciones a quienes no ejerzan estas funciones;

  9. No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad;

  10. El incumplimiento de los servidores públicos a lo previsto en la Ley deberá sancionarse conforme la misma lo prevea, sin que ello implique una ampliación de las atribuciones de los organismos garantes, en concreto, la posibilidad de iniciar procedimientos de verificación por el incumplimiento de cualquier obligación prevista en la Ley, ampliando las facultades del Sistema Nacional de Transparencia;

  11. Se debe establecer puntualmente la prueba de daño para la excepción de información.

Merino recalcó que aún está pendiente la legislación en materia de archivos, considerando que estos son fundamentales en el ejercicio de la transparencia y el derecho a la información.

Finalmente, señaló que debe prevalecer el principio de “Máxima Publicidad”, y fortalecer el derecho de acceso a la información.

Consejero Jurídico no da la cara: Javier Corral

Por su parte, los Senadores Pablo Escudero y Javier Corral, se dijeron sorprendidos al ver que estos puntos no eran de su conocimiento, acusando Corral al titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia, Humberto Casillejos Cervantes, de no dar la cara al Senado y establecer con organizaciones, preguntándose qué artículo de la Constitución da facultades para que pueda impugnar resoluciones de los órganos garantes.

La especialización de Castillejos es ir al Senado y encerrarse con algunos legisladores para alterar el proceso legislativo de la nueva norma, pero es incapaz de dar la cara, dijo.

“Yo sé que lo de Castillejos es la privacidad, yo sé que lo de Castillejos es el ambiente de secrecía, a lo que yo me refiero, es que el Consejero Jurídico ya debe dar la cara públicamente. Que tiene reuniones en el Senado privadas, claro que las ha tenido muchas, es su especialidad, encerrarse en el Senado de la República, lo que no es su especialidad es abrirse a la discusión pública.”

corral

Acusan opacidad en Congreso

Corral acusó que en el congreso no hay suficiente transparencia en el manejo de recursos, revelando que se pagan compensaciones a los legisladores por votar determinadas leyes o ratificar los nombramientos propuestos por el presidente de la República.

“El Congreso se maneja con dinero; además de la dieta que tenemos los legisladores, recibimos una serie de arremadijos que van haciendo una bolsa impresionante de recursos”, exclamó.

Explicó que ambas cámaras manejan recursos por 13 mil 398.3 millones de pesos; al Senado le corresponden 4 mil 19.1 millones de pesos, de los cuales sólo se conoce de manera genérica cómo gasta el 34 por ciento y en el caso de la Cámara de Diputados, de los 7 mil 399 millones de pesos, informando  solamente el 26% del total.

“La iniciativa (de la Ley de Transparencia) no va al detalle, no obliga a los grupos parlamentarios al detalle, a desglosar, ni siquiera las remuneraciones adicionales que a la dieta reciben los legisladores. Si en algún poder hay que transparentar este asunto, es en el Legislativo, porque aquí se producen las leyes”. Concluyó.