El pasado 13 de septiembre el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción aprobó los formatos de declaración patrimonial que habrán de presentar los servidores públicos de los 3 poderes de la unión en todos los órdenes de gobierno.

Con esta medida, ordenada en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se busca ejercer un control y vigilancia más amplia y estricta en el seguimiento de la evolución patrimonial de los servidores públicos.

A lo anterior se debe sumar también el hecho de que se aspira a supervisar de forma más eficaz los posibles conflictos de interés que pudieran tener los empleados públicos para detectar y desincentivar cualquier posible acto de corrupción.

Los nuevos formatos de declaración patrimonial son producto de meses de trabajo del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción y de muy diversas instancias nacionales -gubernamentales y académicas- que valoraron los alcances técnicos, jurídicos y de publicidad de los mencionados formatos, a efecto de asegurar, en la medida de lo posible, su viabilidad operativa y legal, así como el apego a las disposiciones que regulan la protección de los datos estrictamente personales de los servidores públicos.

La implementación de los nuevos formatos de declaración patrimonial contribuirá a cumplir con los términos previstos en la normativa aplicable. Por nuestra parte, consideramos que existen algunas ideas que -a manera de propuestas- pueden sumar a dicho proyecto, de tal forma que su puesta en marcha constituya un elemento sustantivo que coadyuve a la construcción de un nuevo sistema eficaz de fiscalización patrimonial.

Entre las propuestas antes mencionadas, se encuentra las siguientes:

1. Garantizar el óptimo funcionamiento de la plataforma de declaraciones patrimoniales: La operatividad de las nuevas declaraciones patrimoniales se inserta en el contexto de las tecnologías de la información y la comunicación, en virtud de que su llenado y presentación será a través de una plataforma electrónica nacional aprobada por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, la cual se espera esté en funcionamiento a más tardar el 30 de abril de 2019. Resulta esencial asegurar que dicha plataforma permita el mejor funcionamiento en términos de accesibilidad, seguridad de la información e interoperabilidad para el cruce de datos con otros sistemas digitales que faciliten el seguimiento de las operaciones financieras, inclusive es válido pensar en un plan de contingencia ante posibles fallas en dicha plataforma.

2. Promover las capacidades tecnológicas de todos los entes públicos: En virtud de que el cumplimiento de las obligaciones patrimoniales se realizará mediante medios electrónicos remotos, es importante promover que a nivel federal, estatal y municipal se cuente con los medios tecnológicos suficientes que permita a los empleados públicos satisfacer la exigencia legal sin incurrir en falta administrativa por no contar con los medios informáticos necesarios; no se debe perder de vista que esta situación acontece en algunos municipios con bajo presupuesto público y que se encuentran aislados de las cabeceras estatales y por tanto tienen dificultades para acceder a los recursos informáticos.

3. Impulsar un programa nacional de concientización y capacitación: No es suficiente con que la obligación de presentar las declaraciones patrimoniales se encuentre en las leyes vigentes, ya que la experiencia muestra que, a pesar de ello, hay un alto desfase en los tiempos y modos en que se presenta y completan los formatos correspondientes; por tanto, es necesario impulsar un programa preventivo de concientización y capacitación de todos los empleados públicos, que haga posible la rendición de cuentas eficaz y oportuna.

4. Conformar un cuerpo de especialistas en investigación y auditoría de la evolución patrimonial: Una de las áreas de oportunidad y déficits más sensibles en materia de fiscalización patrimonial es que no se identifican aquellas banderas rojas o rubros más sensibles a ser falseados o a presentar incongruencias respecto a la evolución económica de los servidores públicos; por igual, constituye un tema pendiente la correcta indagación o verificación estricta y efectiva de los posibles conflictos de interés. Por ello, deviene imprescindible crear los perfiles idóneos para quienes habrán de desarrollar esas tareas, inclusive, sería valedero pensar en diseñar el perfil de auditor o investigador patrimonial, con la pericia técnica y las habilidades informáticas, legales y contables suficientes para que tengan en claro cuáles son las situaciones de riesgo, a fin de identificarlas, documentarlas a profundidad y procesarlas jurídicamente.

5. Brindar las condiciones pertinentes para el impulso de grupos de contraloría ciudadana: Se reconoce a nivel nacional e internacional que la denuncia ciudadana es una de las medidas más efectivas para identificar conductas inadecuadas, o en este caso, evoluciones irregulares en materia patrimonial por parte de los servidores públicos. Inclusive, se ha señalado que es más alto el índice de detección de estas conductas por medios anónimos que por parte de las indagaciones oficiales. En razón de ello, parece ser imprescindible que, ante la futura publicidad de todas las declaraciones patrimoniales por disposición legal, se incentive la conformación de grupos de contraloría ciudadana o bien la participación individual de investigadores, periodistas y académicos interesados en estos temas, y cuya labor pueda constituir un insumo de valor para verificar la integridad del patrimonio de los empleados públicos, máxime que ha sido ampliada esta obligación legal a los servidores públicos de todos los niveles y se corre el riesgo de que las capacidades de la Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de control se vean rebasadas por tal carga de trabajo.

Las ideas anteriores, vinculadas con los avances normativos y tecnológicos con que se cuenta, pueden coadyuvar a conformar un sistema eficaz de fiscalización patrimonial a nivel nacional, con las características indispensables no sólo para desincentivar e investigar las irregularidades patrimoniales, sino para allegarse de los elementos suficientes que en un proceso disciplinario o penal hagan factible la sanción de los infractores.

Será importante la participación ciudadana en la construcción del mencionado sistema, a través de un mecanismo de contraloría social que se constituya en pieza esencial para la exigencia de la rendición de cuentas a que están sujetos los representantes del servicio público mexicano y aspira el actual Sistema Nacional Anticorrupción.