Retrasos en la armonización de las leyes, nombramientos cuestionables en las fiscalías y los tribunales de Justicia Administrativa y sólo un Comité de Participación Ciudadana estatal en todo el país en el último año. El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) comienza a desdibujarse en su implementación a nivel estatal.

Hace un año, al promulgarse las siete leyes que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción, el gobierno federal, los Poderes Legislativo y Judicial y los gobiernos estatales ofrecieron un sistema sólido de combate a este flagelo. Reunidos en Palacio Nacional, el Presidente, los legisladores, ministros y gobernadores aseguraron que el combate a la corrupción se basaría en “instituciones fuertes y autónomas”.

Un año después, a punto de vencerse el plazo para la implementación del sistema, el Senado no ha nombrado aún al fiscal anticorrupción a nivel nacional, ni ha ratificado a los magistrados de la Sala Especializada en combate a la corrupción del Tribunal de Justicia Administrativa.

Además, la creación de los Sistemas Locales Anticorrupción (SLA) avanza con dificultades.

Dos estados (Veracruz y Chihuahua) no han hecho la reforma constitucional requerida para implementar el sistema a nivel local, y otras 11 entidades aún no cuentan con las leyes secundarias para el funcionamiento de dicho mecanismo.

Hasta ahora, sólo ocho estados han llevado a cabo nombramientos claves como parte del proceso de implementación de los SLA. Y, en siete casos, las designaciones han sido objetadas por organizaciones civiles nacionales y locales, por tratarse de personajes cercanos al gobernador en turno, militantes activos de partidos políticos e incluso personas relacionadas con actos de corrupción.

Puebla: el 24 de abril pasado, el fiscal general del estado, Víctor Carrancá, nombró a Enrique Flota Ocampo como fiscal anticorrupción. Ex titular de la Fiscalía de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la entidad. La designación del abogado generó la indignación no sólo de las organizaciones civiles que acompañaron el proceso de creación del Sistema Local Anticorrupción sino de defensores de derechos humanos.

Considerado un personaje cercano a Rafael Moreno Valle, Flota fue el encargado de pedir disculpas a nombre del gobierno estatal a Elia Tamayo, madre del menor José Luis Alberto Tehuatlie, quien murió en 2014 en un enfrentamiento entre pobladores de Chalchihuapan y la Policía Estatal. Fue considerado la primera víctima mortal de la llamada “Ley Bala” impulsada por Moreno Valle. Tamayo acusó a Flota Ocampo de amenazarla para que aceptara las disculpas del entonces gobernador del estado y de coaccionarla, con ayuda de un grupo de abogados, para exonerar a Facundo Rosas, ex secretario de Seguridad Pública local y responsable del operativo en el que murió su hijo.

Nayarit: el 11 de noviembre de 2016, el Congreso nayarita ratificó como magistrados anticorrupción de la entidad a Yaniria Catalina Ruiz, ex secretaria de Turismo local; a Agustín Flores Díaz, ex director de Tránsito y Transporte de la entidad, y a Raymundo García Chávez, ex secretario particular del gobernador Roberto Sandoval.

Este último fue involucrado en un red de corrupción en abril pasado. En un audio difundido en redes, el rector de la Universidad Tecnológica del estado, Alejandro Fonseca, lo acusó de beneficiarse con negocios ilegales relacionados a la obra pública de tres municipios de la entidad.

Morelos: en agosto de 2015, el Congreso estatal designó a los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana local, y a Juan Salazar Núñez como fiscal anticorrupción. Aunque ambos nombramientos se llevaron a cabo el mismo mes y año, la legislatura estatal decidió “reponer” el proceso de selección del órgano ciudadano por considerar que éste se realizó de manera anticipada.

No obstante, Salazar Núñez, amigo del gobernador Graco Ramírez y quien hasta ese momento se desempeñaba como titular de la Consejería Jurídica del gobierno estatal, permaneció en el cargo, y fue ratificado como fiscal en febrero pasado.

Además, otro colaborador del gobierno estatal llegó hasta el Tribunal de Justicia Administrativa estatal: el 28 de agosto de 2016, el Congreso ratificó a Manuel García Quintanar como magistrado, a pesar de que horas antes de su designación, se desempeñaba como coordinador de asesores del secretario de Gobierno.

Sonora: en septiembre de 2015, Odracir Espinosa fue designado fiscal anticorrupción. Poco después de rendir protesta, tuvo que reconocer públicamente que era militante del PRI, luego de que medios locales informaron que se había integrado a dicho partido a principios de la década pasada, cuando fungía como asistente de la actual gobernadora Claudia Pavlovich, en ese entonces regidora de Hermosillo.

El 27 de abril, el fiscal a quien se atribuye el proceso en contra del ex gobernador panista Guillermo Padrés -hoy detenido y sujeto a proceso penal- fue ratificado por el Congreso, con el voto en contra de diputados locales del PAN.

Ese mismo día, en Sonora rindieron protesta como magistrados anticorrupción Ricardo García Sánchez, ex coordinador de asesores del PRI en el Congreso local; Rosa Mireya Félix, ex magistrada del Tribunal Estatal Electoral, y Marisol Cota, consejera del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana hasta antes de ser designada.

Estado de México: el 5 de julio, el Congreso estatal ratificó a los siete magistrados anticorrupción propuestos por el gobernador saliente Eruviel Ávila. Entre ellos, se encuentran Gerardo Rodrigo Lara García, ex colaborador de Alfredo del Mazo en Banobras; América Elizabeth Trejo de la Luz, ex funcionaria de la Secretaría de Infraestructura estatal, cercana al titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza; Rafael González Oses, ex director del área de Asuntos Jurídicos del gobierno local, y Claudio Gorostieta Cedilla, ex funcionario de la Secretaría de Finanzas estatal.

Querétaro: el 11 de mayo pasado, fue nombrado como fiscal anticorrupción Benjamín Vargas Salazar, ex vice fiscal de investigación Científica y Policial de la Fiscalía Estatal. De acuerdo con medios locales, no presentó su declaración 3 de 3 durante el proceso de selección, a pesar de que fue una demanda de la sociedad civil estatal. Antes de ocupar el cargo de vicefiscal, se desempeñó como director de Derechos Humanos y como subprocurador Jurídico y de Control de la Procuraduría estatal.

Luis Manuel Pérez de Acha, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, advierte que el común denominador en la conformación de los sistemas estatales ha sido el intento de los gobiernos locales de capturar dichos mecanismos mediante nombramientos a modo.

“Es la tónica; en términos generales, se puede decir que los sistemas locales anticorrupción quieren ser capturados por los gobernadores de los estados vía los nombramientos de funcionarios públicos que carecen de autonomía, y también mediante la exclusión de una participación social efectiva”, sostiene.

Y no sólo se trata de los fiscales anticorrupción y de los magistrados de los tribunales de Justicia Administrativa, sino de los comités de participación ciudadana de los sistemas estatales.

Según Pérez de Acha, los gobiernos locales han ahuyentado la participación ciudadana en la conformación de los comités, organismos que originalmente fueron pensados como espacios de la sociedad civil para vigilar el funcionamiento del sistema.

“Los gobiernos de los estados han presionado a los interesados en participar en las comisiones de selección o en los comités de participación (ciudadana) para que se inhiba, para que se frene su intención de participar. Yo creo que eso tiene como finalidad que sean personas allegadas a los gobiernos estatales quienes integren las respectivas comisiones y comités de Participación Ciudadana”, indica.

A eso se suma el retraso con el que se están aprobando las leyes locales anticorrupción, lo que reduce la participación de la sociedad y la posibilidad de que se cuestionen los nombramientos que realizan los congresos estatales.

“En vías de hecho, sabotean el funcionamiento de sus sistemas locales, buscan cómo colapsar el sistema nacional a través de esa actitud indolente; sí es criticable”, indica.

A nueve días de que concluya el plazo para la armonización de las leyes estatales en materia anticorrupción, Veracruz y Chihuahua destacan por su retraso en la construcción de sus sistemas estatales.

En 2015, ambos estados -además de Quintana Roo- aprobaron leyes anticorrupción antes de la promulgación de las leyes federales. Pero se trataba de normas que la opinión pública calificó como “blindajes anticorrupción” o “paquetes de impunidad” para los ex gobernadores Javier Duarte, César Duarte y Roberto Borge, pues les permitieron el nombramiento de fiscales a modo que trascenderían sus sexenios.

Durante 2016, las tres leyes fueron declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En los tres estados, el PRI perdió la gubernatura frente al PAN, y hoy, los tres ex gobernadores están bajo proceso penal.

Quintana Roo repuso el procedimiento legal y aprobó en mayo la reforma constitucional. Veracruz cuenta con una iniciativa de reforma constitucional que no ha sido aprobada. Y, en Chihuahua, el 4 de julio pasado, el gobernador panista Javier Corral envió al Congreso estatal su iniciativa.

Además de Quintana Roo, hay 10 estados que, aunque ya cuentan con reforma constitucional, aún no tienen las leyes necesarias para poner en operación sus sistemas anticorrupción.

Se trata de Baja California, Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Guerrero, Jalisco, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán.

Para Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, el intento de los congresos locales por llevar al límite la homologación de las leyes locales con el SNA, es una estrategia para evitar las prácticas de parlamento abierto que caracterizaron la aprobación del sistema nacional.

Impulsor de la Ley de Responsabilidades Administrativas, conocida como Ley 3 de 3, Bohórquez explica que, al reducir el tiempo para la discusión y aprobación de las legislaciones locales en materia anticorrupción, se reduce la posibilidad de que los procesos de discusión y análisis se abran a la sociedad.

“Creo que lo que están tratando es de llevar al límite los plazos para aprobarlo sin una discusión apropiada con la comunidad y sin proceso abierto donde nos informemos y nos enteremos de qué cambio están haciendo alrededor de estos temas”, sostiene.

El director de Transparencia Mexicana considera que en los temas de parlamento abierto es en donde hay más reticencia de los congresos locales, pues implica transparentar sus discusiones, deliberaciones y decisiones; una práctica a la que no están acostumbrados y que consideran riesgosa.

“Lo que tienen como preocupación muchos legisladores es que, una vez que abras las puertas a la sociedad y que te sientes con ella a discutir los procesos de reformas, después quieran seguir haciéndolo en otras fases de los sistemas nacional o estatal anticorrupción, o en otros instrumentos jurídicos”, indica.

Bohórquez señala que la falta de transparencia en los procesos legislativos aumenta la posibilidad de que se designen personajes a modo.

“Los perfiles de algunas designaciones confirman por qué no querían que fueran procesos abiertos desde el Congreso, porque eso hubiera supuesto que la sociedad civil conociera mejor cuáles eran los componentes del Sistema Estatal Anticorrupción y, tal vez, que se animara a participar en una de las tres modalidades en las designaciones: como observadores independientes, como posibles interesados en ocupar los espacios, en particular lo que están pensados para el Comité de Participación Ciudadana, y animando a otros profesionales que no necesariamente están vinculados con el gobierno”, señala.

Bohórquez afirma que si bien algunos espacios de los sistemas estatales anticorrupción serán ocupados por especialistas vinculados a los gobiernos locales -debido a que es ahí en donde se perfeccionan especialidades como derecho administrativo-, el verdadero problema es que no se han cuidado y mucho menos transparentado los procesos de elección de los perfiles.

“No han cuidado, por ejemplo, que haya declaraciones de intereses; quienes han decidido no han publicado los métodos de evaluación, no han sido claros cuáles han sido los criterios con los que van a evaluar y, en muy pocos casos, han tenido acompañamiento ciudadano u observadores independientes del proceso”, subraya.

Lourdes Morales, coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas, sostiene que lo importante no es sólo cumplir con el plazo legal para la conformación de los sistemas locales, sino dotarlos de legitimidad. En este punto, dice, es en donde los congresos han quedado a deber.

“Algo muy importante de este sistema no es sólo los cambios que se logren sino también la legitimidad misma del sistema, en donde la sociedad conozca que existen mecanismos para mejorar la investigación de los casos de corrupción”, señala.

Morales advierte que los nombramientos de los funcionarios que conformarán los sistemas estatales anticorrupción son el primer paso y si éstos fueron a modo, “el sistema se les va a caer”.

La especialista indica que habrá que esperar a que concluya el plazo legal para la homologación del SNA y, a partir de ese momento, activar los mecanismos con lo que éste cuenta para demandar resultados a los sistemas estatales.

Recordó que durante la conformación del sistema nacional, la sociedad civil fue propositiva y participativa porque había un compromiso implícito de los gobiernos federal y estatales de hacer que el entramado institucional que lo conforma funcionara.

Por lo pronto, el 28 de junio pasado, el CPC envió a los congresos y a los gobiernos estatales sendas cartas en las que les solicita tomar las previsiones necesarias para cumplir con el plazo del 18 de julio para la homologación de sus sistemas. Hasta la semana pasada, el CPC no había obtenido respuesta a los escritos.

Una vez concluido el plazo de un año para la implementación de los SLA, el comité ciudadano iniciará la revisión de los sistemas anticorrupción estado por estado.

El objetivo es detectar inconsistencias entre las leyes estatales y federales, analizar la idoneidad de los procesos de designación de piezas claves y, a partir de ahí, activar mecanismos de trabajo con congresos y gobiernos estatales para realizar las modificaciones necesarias.

El SNA avanza lentamente y, de acuerdo con la sociedad civil, no va por buen camino.

El Semáforo Anticorrupción -un sistema de monitoreo creado por organizaciones como IMCO, COPARMEX y Transparencia Mexicana para medir el avance del sistema en los estados- califica como poco satisfactorias la mayoría de las leyes estatales.

Según este monitoreo ciudadano -actualizado al 31 de mayo-, sólo dos entidades (Chiapas y Nayarit) estarían listas para implementar su sistema local anticorrupción de forma adecuada.

Fuente: Revista R | Reforma