De acuerdo con Yahoo Finanzas, Brasil tiene ahora una nueva y poderosa herramienta para luchar contra uno de sus peores flagelos: la corrupción .
A partir de ayer, entró en vigor una ley que permite que las empresas en sí mismas, como personas jurídicas, puedan ser procesadas cuando sus empleados corrompan o intenten corromper a funcionarios públicos, bajo amenaza de durísimas sanciones que van hasta la disolución de la compañía, o lo que ya se ha bautizado “pena de muerte empresarial”.
La nueva ley anticorrupción, que engloba también a las fundaciones y asociaciones nacionales que actúen tanto en el país como en el exterior, así como a las extranjeras que operen en Brasil, prevé que, además de tener que resarcir al Estado por los daños provocados, deberán pagar multas que pueden variar entre el 0,1% y el 20% de su facturación bruta del año anterior, o, cuando no se puedan probar sus ingresos, castigos de entre 6000 y 60 millones de reales (entre 2500 y 60 millones de dólares).
En los casos más graves o de reincidentes, las autoridades pueden incluso pedir a la Justicia que los bienes de la empresa corruptora sean confiscados y que la compañía sea liquidada.
Hasta ahora, sólo los empresarios o empleados de una compañía, es decir, las personas físicas, podían ser juzgados penalmente por daños al patrimonio público o infringir principios de la administración pública.
“No teníamos una cultura de juego limpio en la relación entre lo privado y el gobierno. Como conseguimos hacer una ley basada en la responsabilidad objetiva -que no necesita probar la culpa-, la empresa va a responder por cualquier presupuesto, sean empleados o contratistas, que implique un acto ilícito”, resaltó a la prensa Jorge Hage, ministro en jefe de la Contraloría General de la Unión (CGU), que apuesta al poder disuasorio de la nueva legislación.
La ley fue aprobada por el Congreso el año pasado, tras las masivas protestas que sacudieron el país en reclamo de mejores servicios públicos, en rechazo de la corrupción y en contra del despilfarro de dinero utilizado en la construcción de estadios para el próximo Mundial de fútbol, que se celebrará del 12 de junio al 13 de julio.
La presidenta Dilma Rousseff, cuyo gobierno siempre tuvo una férrea intolerancia ante los hechos de corrupción, la sancionó de manera inmediata en agosto último, con la idea de que posibilitará menos fraudes en las licitaciones públicas. De todos modos, y aunque la ley entró en vigor hoy, Dilma aún debe firmar el decreto que la reglamenta.
Según un reciente estudio de la influyente Federación de Industrias del Estado de San Pablo (Fiesp), la corrupción cuesta a Brasil entre 61.700 y 101.200 millones de reales (25.300 y 41.500 millones de dólares), lo que equivaldría a entre 1,38% y 2,3% del PBI del gigante sudamericano.
“Esperamos que esta ley aumente la competitividad. Que cree condiciones para un mercado más limpio, donde no haya pago de sobornos. ¿Y qué significa eso para la población? Significa precios más bajos en todo aquello que el poder público paga”, explicó Hage.
Justamente en estos momentos el Supremo Tribunal Federal (STF) se encuentra estudiando acusaciones de que varias empresas extranjeras habrían formado un cartel en el estado de San Pablo entre 1999 y 2009 para fijar precios durante el proceso de licitación para la construcción de líneas de subte y la venta de trenes.
Hasta ahora están siendo investigadas la alemana Siemens, la francesa Alstom, la japonesa Mitsui, la española CAF y la canadiense Bombardier.
“Las empresas que todavía no abordan el tema con la debida atención percibirán que es mucho mejor invertir en la ética y la integridad que apostar a la impunidad en un modelo de negocio arcaico”, destacó el secretario de Transparencia de la CGU, Sergio Seabra.
“Cambio cultural”
Ante la posibilidad de que, por la irresponsabilidad de sus empleados, sus compañías sean castigadas, los grandes empresarios brasileños ya se están preparando para el nuevo escenario, explicó Marina Martins Ferro, coordinadora de proyectos del Instituto Ethos, organización civil que reúne a más de 250 compañías que firmaron un Pacto Empresarial por la Integridad y Contra la Corrupción.
“La punición de personas jurídicas puede traer un cambio cultural. Es para eso que la ley tiene no sólo carácter punitivo, sino también el de inhibir y de educar. Para evitar las multas de altos valores, las empresas van a ser menos complacientes. Tanto que, en los últimos meses, hemos percibido un mayor interés de las empresas por los mecanismos para prevenir tales prácticas”, señaló Martins Ferro a la revista Exame.
Leyes como ésta ya están hace tiempo vigentes en países como Estados Unidos (1977) y Alemania (1998). A través de esta nueva legislación, Brasil cumple con la Convención contra Sobornos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que castiga las acciones de cohecho a funcionarios públicos extranjeros cometidas por grandes corporaciones transnacionales…
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