La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados recibió las propuestas de los grupos parlamentarios para elaborar el predictamen del Sistema Nacional Anticorrupción.
Entre las propuestas destacan: la extinción de dominio en los casos de enriquecimiento ilícito, la participación ciudadana en el nuevo Sistema Nacional de Combate a la Corrupción y que el Tribunal de Justicia Administrativa investigue y sancione los casos graves, así como aumentar a cinco años la prescripción de los ilícitos.
El perredista Julio César Moreno, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, anunció que un grupo diverso de legisladores redactarán un predictamen que se entregará el 23 de febrero a dicha comisión.
La comisión deberá aprobar un dictamen el martes 24 de febrero, para ser discutido y votado el jueves 26 en el pleno de la Cámara.
Durante la sesión del 19 de febrero, la secretaría técnica informó en que temas ya existe coincidencia y destacó que la exigencia de PAN y PRD para que el titular de la Secretaría de la Función Pública sea ratificado por el Senado de la República, sigue siendo motivo de desacuerdo.
El coordinador de los panistas, Ricardo Anaya, insistió en que no votarán los cambios constitucionales en materia de combate a la corrupción si el PRI no acepta la ratificación del encargado de la SFP por parte del Senado.
Otro punto de desencuentro es el rechazo del PRI a crear dos nuevas leyes: una en materia de corrupción y otra de responsabilidades administrativas, sus legisladores pretenden que ambos temas se incluyan en una sola norma.
A su vez, el PRD había sostenido que no iría con los cambios si no se incluía la extinción de dominio en los casos de enriquecimiento ilícito, pero este punto ya fue avalado por el PRI, e incluso forma parte del documento que hoy se distribuyó durante la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales.
Entre las coincidencias dadas a conocer destacan la facultad que se le concederá al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para que investigue y sancione las faltas administrativas graves.
Además, la promulgación de una ley general que establezca las bases de coordinación del Sistema Nacional para Combatir la Corrupción, el cual tendrá la participación de por lo menos cinco integrantes: el Auditor Superior de la Federación, el titular de la Fiscalía de Combate a la Corrupción, el presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información, un representante del Consejo de la Judicatura Federal, y como nuevo elemento el PRI aceptó a un representante del Comité de Participación Ciudadana.
La reforma en materia de combate a la corrupción considera la modificación de varios artículos de la Constitución, por lo que su aval requiere el voto de las dos terceras partes de la Cámara de Diputados, por lo que los partidos políticos deben negociar, pues ninguno tiene la mayoría absoluta.
Igualmente, PRI, PAN y PRD han coincidido en que la Cámara de Diputados designe, con dos terceras partes de los presentes, a los titulares de los órganos de control interno de las entidades autónomas; incluso se les cambiaría el nombre por “auditoría preventiva y contraloría interna”.
En las reformas también se prevé la propuesta de Enrique Peña Nieto, dada a conocer hace un par de semanas, que consiste en que los servidores públicos además de presentar su declaración patrimonial, realicen una declaración de intereses, es decir, que reporten si tienen vínculos con alguna empresa y que los actos de su cargo público pudieran beneficiar a la rama privada de la que forman parte o tienen relación.
La ASF
Motivo de consenso es la posibilidad de que la ASF realice auditorías en “tiempo real” y en que pueda auditar órganos autónomos e incluso fiscalizar fideicomisos, fondos y mandatos públicos y privados.
La ASF también promoverá acciones, ante las autoridades competentes, derivadas de la fiscalización en tiempo real, pues en la actualidad este organismo audita acciones ejercidas dos años atrás.
Denunciar ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción y ejercitar demandas ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa por faltas graves de servidores públicos e incluso particulares, también formarán parte de las nuevas facultades de la ASF.
En los próximos días, los partidos políticos seguirán negociando los puntos en que los que aún no hay consenso.
Con información de Reforma, Proceso y Milenio.
