La LVII Legislatura del Congreso poblano, que con mayoría priista destacó por su subordinación a la voluntad del gobernador Mario Marín en la segunda mitad de su sexenio, heredó a los actuales diputados un candado para inhibir el acceso a la información pública, particularmente a aquella que se refiere al uso del erario público, mediante una restricción de carácter económico.
La primera parte del título de este artículo, que también es la primera parte del título del informe de Human Rights Watch da cuenta del doble desacierto de la estrategia de seguridad de la actual administración federal. Tal y como consta en la publicación y es evidenciada en amplitud, esta política ha fracasado en dos aspectos: a contrapelo de lo esperado, la violencia se ha incrementado drásticamente, pero además, lo mismo ha ocurrido con las violaciones graves de derechos humanos.
Si hubo un tema que en las pasadas elecciones captó seguidores y simpatía, amén de convertirse en uno de los contenidos prioritarios de las dos plataformas políticas en disputa, fue el de la transparencia y el acceso a la información pública. La razón no era menor. En 2008 el estado tuvo la oportunidad de colocarse a la vanguardia con una ley que se ajustara al artículo sexto constitucional e incluso fuera más allá. La LVII Legislatura, no obstante, prefirió publicar una reforma mediocre y malhecha que acabó siendo impugnada.
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