La semana pasada la Auditoría Superior de la Federación entregó a la Cámara de Diputados el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2012. En este documento se concentra todo el trabajo de fiscalización sobre el uso del dinero público, durante el último año del sexenio de Felipe Calderón. El reporte concentra más de 1,100 revisiones a dependencias de los tres poderes, 31 estados, el gobierno del DF, 190 municipios, delegaciones, universidades públicas y órganos autónomos.
De este trabajo monumental, llamó mi atención el resultado de la auditoría al SAT sobre los Estímulos Fiscales a Entidades Federativas y Municipios. La lectura del documento es materia prima para el desasosiego. En 2008, el gobierno federal emitió un decreto para avalar que los gobiernos estatales y ayuntamientos se embolsaran una parte del Impuesto Sobre la Renta (ISR) generado por los sueldos y salarios de sus trabajadores. Si un empresario no entrega completo el ISR de sus empleados puede acabar en el tambo, pero si un gobernador o presidente municipal hace lo mismo recibe la bendición de nuestras autoridades. El trabajo de la ASF se enfocó en fiscalizar las consecuencias de ese decreto que seguía vigente durante el año fiscal 2012.
¿Por dónde empezar? La SHCP calculó que el “estímulo fiscal” a las entidades le costaría al erario público 4, 900 millones de pesos en el 2012. Sin embargo, el monto real superó los 20 mil millones de pesos. La cifra al final del año fue cuatro veces superior a las optimistas proyecciones de Hacienda. La ASF también afirma que la SHCP “no proporcionó información de la metodología empleada para determinar los porcentajes de los estímulos fiscales”. En consecuencia podemos suponer que nuestras autoridades hacendarias utilizaron la solidez técnica del método de tin, marín, de do pingüé para establecer que las entidades requerían de privilegios fiscales de hasta el 60% del ISR de sus empleados. Tampoco existen diagnósticos o estudios de “cuantificación e impacto en sus finanzas” o una “proyección para determinar, en el mediano y corto plazos, la corrección de las finanzas de los entes públicos adheridos al Decreto”. El privilegio fiscal se entregó sin metodología, sin cuantificar su tamaño y sin un escenario para mejorar la salud de las finanzas de estados y municipios.
Eso no es todo. La ASF identificó que se entregaron más de mil millones de pesos a autoridades locales que no tenían derecho al estímulo al no estar adheridos al Decreto. Diecinueve de las entidades auditadas se beneficiaron con 5.4 mil millones de pesos, pero incumplieron con el requisito de entregar la nómina actualizada de trabajadores para poder conocer el tamaño de las exenciones. Y para cerrar, la frase más preocupante de la ASF en todo el reporte de 35 páginas: “Falta de información respecto de… el destino de los recursos que pasan a sus arcas por la acreditación del estímulo fiscal”.
En teoría, el dinero del regalo tributario se utilizó para que los burócratas estatales y municipales no tuvieran que padecer esa monserga que los contribuyentes ordinarios conocemos como obligaciones fiscales. En lugar de un aumento salarial, los servidores públicos locales quedarían exentos de pagar el ISR. En la práctica no hay información de dónde fueron a parar esos recursos que nunca se entregaron al SAT y quedaron en las arcas estatales y municipales. En opinión de la ASF, este esquema de condonaciones “no contribuye a la transparencia e incentiva la cultura de ‘no pago’ y la inequidad tributaria”. El Decreto fue un abuso y su ejecución una versión sublimada de la negligencia.
La Primera Sala de la Suprema Corte analiza el amparo que solicitamos un grupo de ciudadanos frente a los esquemas de privilegio fiscal para gobiernos estatales y municipales. Las implicaciones de ese amparo serán la musa para otro domingo.
@jepardinas
Publicado en Reforma
