Por: Liliana Veloz

A pesar de los problemas e inconsistencias que presentaban los dictámenes de las iniciativas para para dar vida al Sistema Anticorrupción de CDMX, la aprobación de la normativa se dio el mes de julio de 2017.

Algunas preocupaciones que se expresaron desde la sociedad civil y la academia incluían: Falta de consistencia en la integración del Comité Coordinador de la CDMX con el Nacional, la Ley General prevé 7 integrantes y a nivel local considera 9. La selección del Secretario Técnico del Sistema que saldrá de la Comisión de Gobierno de la Legislatura y no de una terna propuesta por el Comité de Participación Ciudadana, otra inconsistencia con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. También están los nombramientos de los Magistrados de los Tribunales de Justicia Administrativa, del Fiscal Anticorrupción, de la Visitaduría de la Fiscalía General y los órganos internos de control, pues no son claras las metodologías y criterios bajo los cuales el Jefe de Gobierno integrará las ternas que hará llegar a la Asamblea. Otro caso, la renovación de los Comisionados del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México (InfoCDMX).

Toda la normativa aprobada prevé la realización de 142 nombramientos, que se han venido postergando primero por las emergencias del 19 de septiembre y después por las irregularidades que han levantado focos rojos en la opinión pública.

El caso del InfoCDMX es emblemático. Primero, por el lanzamiento de una convocatoria exprés, el pasado 22 diciembre, en la que sólo había cuatro horas para la inscripción de aspirantes. La presión que organizaciones de la sociedad civil y la academia hicieron logró ampliar el plazo hasta el 12 de enero de 2018. Se inscribieron 67 aspirantes.

En medio del proceso y pasada la etapa de entrevistas, la Comisión de Gobierno giró instrucciones para ampliar el plazo de la convocatoria, por considerar que no se contaba con suficiente participación de mujeres.

Se aludió a un argumento de género sin razón, pues se contaba con 19 mujeres aspirantes, de las que seguramente se hubieran podido elegir algunas para la terna final que se sometería a votación. El plazo se amplió y se recibieron ocho inscripciones más. La polémica también ha girado en torno a la trayectoria de quienes aspiran a ocupar un cargo ciudadano, pero que en su mayoría tienen fuertes vínculos con la clase política capitalina.

La falta de criterios para la transparencia y apertura de todo el proceso ha puesto en duda la objetividad de todo el proceso de selección. Además, se tiene prevista la selección de 7 comisionados, cuando en la Constitución de la Ciudad se establece que serán 5 los integrantes de este órgano.

Todo esto ha llevado a la promoción de amparos, como el que presentó la organización Artículo 19 en contra de la Asamblea por estas irregularidades. Es lamentable que el órgano garante del derecho de acceso a la información y protección de datos personales, se vea afectado por todo este proceso de renovación.

Vulnerando a las instancias del Sistema Anticorrupción no es como se va a poder hacer frente al grave problema de la corrupción. Urgen mejores condiciones y voluntad política para evitar la captura de las instituciones.

* La autora es directora ejecutiva de la Red por Rendición de Cuentas.

Fuente: Reforma