El pleno de la Vigésima Segunda Legislatura aprobó la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios, la cual forma parte del Sistema Estatal Anticorrupción y sustituirá a la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos, vigente desde 2010.
El decreto fue aprobado con el dictamen número 84 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y surgió de la iniciativa presentada por la diputada Eva María Vásquez Hernández y el diputado Alejandro Arregui Ibarra, así como la diputada Iraís María Vásquez, en lo referente a la Contraloría Social.
La norma, que entrará en vigor una vez que se publique en el Periódico Oficial del Estado, se estructura con nueve títulos y 112 artículos más 12 transitorios y tiene su base jurídica en el artículo 37 de la Constitución local.

DE ORFIS A ASE
Entre las reformas que contiene figura el cambio de denominación del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) para pasar a ser Auditoría Superior del Estado (ASE), la cual será dotada con autonomía técnica y de gestión en ejercicio de sus atribuciones para decidir sobre su organización interna, recursos, funcionamiento y resoluciones.

Su titular será un Auditor Superior del Estado que será electo en base a los requisitos establecidos en la Constitución local. La ASE conocerá, investigará y sustanciará faltas administrativas que detecte durante la fiscalización..

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