Para las organizaciones de la sociedad civil la aprobación de la Ley General de Transparencia en el Senado es positiva y cumple con la mayoría de sus exigencias.

Sin embargo, uno de los grandes pendientes de la ley es que no se hace obligatoria la publicación de las declaraciones patrimoniales que los servidores públicos entregan a la Secretaría de la Función Pública.

“Es uno de los aspectos donde creo que la ley quedó corta. Teníamos una gran expectativa de que las declaraciones patrimoniales fueran una obligación de transparencia por parte de los funcionarios públicos y los sujetos obligados.

Desafortunadamente quedó como está ahorita y no hubo ningún avance”, así lo explicó Mariana Campos, coordinadora del programa de gasto público y rendición de cuentas de México Evalúa.

Campos consideró que el balance es positivo, después de que senadores del PRI-Verde que estaban solicitando cambios a la iniciativa.

Entre los puntos de mayor debate en el análisis de la iniciativa estuvo la facultad del Ifai para ordenar que se haga pública información que considere está relacionada con violaciones graves a derechos humanos.

“Lo que quedó es que no se podrá reservar información relacionada con violaciones graves a derechos humanos, ni siquiera en su proceso de investigación. Eso nos parece que es positivo. Tanto el Ifai como la CNDH podrán pronunciarse, el Ifai desde el punto de vista de interpretación sobre un presunto caso de violación de derechos humanos”, dijo en entrevista con MILENIO.

Campos explicó que también se solucionó el desacuerdo sobre la causal de reserva de información relacionada con la estabilidad económica, financiera y monetaria del país…

Nota completa en: Milenio