A un mes de que comience a operar el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), la primera presidenta que tendrá su comité coordinador, Jacqueline Peschard, admite que éste arrancará con dificultades y sin grandes golpes mediáticos.

“No podemos, mágicamente, porque llegó un grupo que es el Comité de Participación Ciudadana, pensar que ya todo comienza a funcionar. No. Está difícil y, si ésa es la expectativa, tenemos que bajar las expectativas”, admite.

Calificada como una de las especialistas más reconocidas en temas como transparencia y acceso a la información, el 9 de febrero Peschard se convirtió en la primera presidenta del Comité Ciudadano del SNA, uno de los organismos de control más novedosos surgidos de las reformas institucionales llevadas a cabo en este sexenio.

Pero el SNA es, al mismo tiempo, un complejo sistema en el que confluyen siete instituciones, cuya operación y coordinación implicará cambios administrativos que no se darán de la noche a la mañana.

Socióloga por la UNAM, Peschard es realista y reconoce que, aunque la sociedad espera el encarcelamiento de “peces gordos” casi de inmediato, la sanción es sólo uno de los componentes del SNA, pero no el objetivo en sí mismo.

La académica detalla que la apuesta del nuevo esquema de combate a la corrupción es fortalecer a las instituciones, garantizar mecanismos de coordinación entre ellas, eliminar los incentivos que permiten este tipo de prácticas y asegurar que los procesos de investigación y sanción se lleven a cabo correctamente y bajo la vigilancia de la sociedad civil.

Se trata, dice, de crear un antídoto eficaz para atacar de raíz este fenómeno.

“No estoy diciendo que no haya sanciones, tiene que haber sanciones lo suficientemente fuertes o, si se quiere, un conjunto de sanciones suficientemente fuertes para que logren neutralizar esas prácticas… Lo que tenemos que asegurar es que las personas que tienen esas responsabilidad actúen adecuadamente”, reitera.

La académica sostiene que uno de los primeros retos del Comité ciudadano será comunicar a la sociedad los objetivos de fondo que el nuevo sistema plantea.

“Lo que tenemos que hacer es un proceso muy pedagógico, de decirle a los ciudadanos qué es lo que se está haciendo, porque ya hay herramientas institucionales y procedimientos que hay que mejorar, hacerlos más vigilados para que rindan mejores frutos”, indica.

Ésta es la tercera vez que Peschard sale del ámbito académico para ingresar a un organismo regulador del poder.

La primera vez fue en 1996, año en el que se convirtió en la primera mujer que formó parte del Consejo General del Instituto Federal Electoral -hoy INE-, cargo que dejó en 2003, al culminar la llamada “época dorada del IFE de Woldenberg”. A pesar de que era mencionada como la favorita para presidir dicho organismo, las negociaciones entre los partidos dieron como resultado la renovación total del IFE y la elección de Luis Carlos Ugalde como sucesor de José Woldenberg.

En 2007, fue designada comisionada del naciente Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental -hoy INAI-. Dos años después, fue electa presidenta del organismo, lo que la convirtió en la segunda mujer en presidirlo, después de María Marván.

En 2011, fue reelecta para un segundo periodo como presidenta del IFAI, que concluyó en 2013. Como en el IFE, le tocaron los primero años, de consolidación y buena imagen de la naciente institución.

En 2014, regresó a dar clases sobre Sistema Político Mexicano a su alma máter, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde se encuentra el cubículo en el que atiende esta entrevista.

Tras ser electa por un comité ciudadano que trabajó desde noviembre del año pasado, Peschard regresa a otra institución que pretende fungir como contrapeso del poder, en esta ocasión al frente del SNA.

Al igual que el IFE y el INAI, se trata de una institución impulsada por un movimiento social sin precedentes, sobre el cual se han fincado enormes expectativas. Aprobado por el Congreso en 2016, el SNA nació pese a las resistencias del PRI y del propio presidente Enrique Peña Nieto.

Como titular del Comité de Participación Ciudadana, Peschard también presidirá el Consejo Coordinador del SNA, organismo rector a partir del cual se coordinarán las siete instituciones que conforman el nuevo esquema anticorrupción.

La académica es clara respecto a las facultades que tiene el Comité ciudadano que preside: “nosotros no vamos a investigar, no vamos a perseguir y mucho menos vamos a sancionar. Somos una suerte de catalizador, de reforzador de lo que deben estar haciendo la Secretaría de la Función Pública, el Tribunal de Justicia Administrativa y, desde luego, la Auditoría Superior de la Federación”.

La académica, quien también ha sido investigadora de El Colegio de México, reconoce que hay escepticismo porque el SNA estará conformado por las mismas instituciones que actualmente se encargan del combate a la corrupción.

“Es una preocupación y hasta un escepticismo muy generalizado, realmente la gente piensa: ‘¿cómo vas a poder actuar con los mismos de siempre?’, porque eso es, las entidades y las dependencias que conforman el sistema son las mismas gentes de antes”, indica.

Ante ello, explica que el objetivo de lo que llama el “grupo de los cinco” (los cinco miembros del Comité de Participación Ciudadana), es empujar que lo que se tiene, funcione adecuadamente.

Hasta ahora, las instancias encargadas de la vigilancia de los recursos públicos, la investigación de actos de corrupción y la aplicación de sanciones han trabajado de manera desarticulada. De ahí que, por ejemplo, las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación que derivan en denuncias penales no siempre concluyan en la detención de un responsable por parte de la PGR.

“Ya tienen facultades las distintas entidades, lo que se tiene que hacer es activarlas de manera muy, muy clara, y nosotros lo que vamos a hacer es sentar un cauce de mucho mayor incidencia y participación de la sociedad civil, de los ciudadanos”, afirma.

Peschard advierte que esta labor será complicada y llevará tiempo. “Hay enormes expectativas de la ciudadanía, pero nosotros no podemos pensar que realmente podemos tener resultados de manera muy inmediata”, advierte.

La académica sabe de lo que habla. A lo largo de su carrera como funcionaria pública, ha sido un actor fundamental en la conformación de dos organismos relacionados con la vigilancia del quehacer público.

En 1996, fue pionera de la fiscalización de los partidos políticos. Junto a Alonso Lujambio, José Barragán, Jaime Cárdenas y Mauricio Merino, formó parte de la Comisión de Fiscalización de Recursos de Partidos y Agrupaciones Políticas del IFE, creada ese año tras diversas modificaciones al Código Federal de Procedimientos Electorales.

Seis años después, esta comisión fue responsable de la investigación de casos como los Amigos de Fox, que financió de manera irregular la campaña del candidato presidencial del PAN, Vicente Fox.

La comisión absolvió a Fox, que se mantuvo en la Presidencia de la República -lo que le valió diversas críticas al IFE-, pero aplicó una multa al PAN y sentó las bases para que instancias como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores cooperaran en los procesos de fiscalización de los partidos políticos.

En 2012, como comisionada presidenta del IFAI, impulsó que el instituto registrara uno de sus máximos logros: la Suprema Corte de Justicia de la Nación blindó sus resoluciones contra aquellos funcionarios que buscaran revocarlas al declararlas impugnables.

Ahora, como la primera presidenta del SNA, Peschard reconoce que la gran apuesta del nuevo sistema anticorrupción será fomentar la vigilancia ciudadana.

“Realmente, si uno hace una evaluación de lo que hay de organizaciones de la sociedad civil, es impresionante cómo en México no solamente se han construido, sino que se han fortalecido, han ganado credibilidad, han ganado incidencia, profesionalización, ésa es mi apuesta… Digo: nosotros cinco solos, pues qué…”, afirma.

Sin sede ni estructura administrativa, el SNA está en gestación, y su presidenta dice desconocer el costo que tendrá empezar a operar plenamente.

Hasta el momento, lo único que existe es un anexo del Presupuesto de Egresos 2017, que no es público, en el que se establece una asignación de 147 millones de pesos para la conformación de la Secretaría Ejecutiva del SNA.

No obstante, Peschard adelanta que el Sistema será austero y no implicará una carga burocrática.

“Lo único nuevo del Sistema Nacional Anticorrupción es una Secretaría Ejecutiva, que es la única entidad que se crea, lo demás ya está creado y nada más es fortalecerlo, vigilarlo más estrechamente”, afirma.

Sin embargo, un informe del Centro de Estudios de Las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados (Valoración del impacto presupuestario. Sistema Nacional Anticorrupción) señala que el SNA costará más de mil 500 millones de pesos.

La académica insiste en que el costo del nuevo sistema no está claramente establecido, por lo que omite opinar sobre dichas estimaciones.

“Yo diría que estamos empeñados en que el modelo de estructuración del sistema es un modelo que no prevé que se creen nuevas estructuras burocráticas, lo único nuevo es el secretariado que tiene que ser un secretariado compacto”, detalla.

Y ejemplifica: para cumplir la tarea de construir una Plataforma Digital como parte del nuevo sistema, se utilizará infraestructura ya existente en la Secretaría de la Función Pública, para ahorrar costos.

“Tampoco partimos de cero, porque ya existe Declaranet, ya existe Compranet, ya existen ciertas plataformas, yo estoy convencida de que el modelo no implica la construcción de estructuras burocráticas pesadas”, reitera.

Peschard descarta también que los salarios de cada uno de los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana asciendan a más de 3 millones de pesos anuales, como lo sugiere el Centro de Estudios de la Cámara de Diputados, el cual toma como parámetro el sueldo de los consejeros de Pemex.

Para determinar el sueldo de los miembros del Comité, añade, se tomará como parámetro el de los consejeros profesionales del Coneval.

“No vamos a decir que no necesitamos ciertos recursos, sí los necesitamos, pero tiene que ser una cosa muy vigilada, muy controlada y muy transparente; si no, yo no le entro, así de fácil, yo no le entro a una cosa de esos salarios ofensivos”, advierte.

Peschard reconoce que al nuevo sistema anticorrupción le falta mucho. Y enumera los procesos que están inconclusos: el nombramiento del Fiscal Anticorrupción, la conformación de la sección especializada del Tribunal de Justicia Administrativa y los relevos de algunos órganos de Control Interno del gobierno federal.

De entrada, se dice preocupada porque el Comité Coordinador del SNA deberá quedar instalado el próximo 9 de abril (al cumplirse los 60 días desde la integración del comité de participación ciudadana, establecidos en un transitorio de la Ley General del SNA), y algunas de las piezas que lo conformarán no estarán listas para ese momento.

Una de ellas es el fiscal anticorrupción, que por acuerdo del Congreso será designado después de julio; tres meses después de la instalación del órgano coordinador del SNA.

“La (ley) del sistema lo que nos dice es: ‘tú instala, haz tu Secretaría Ejecutiva’, y quien nombra al secretario ejecutivo, a partir de una propuesta del Comité de Participación Ciudadana, es el órgano de gobierno del secretariado, que es un órgano compuesto por las siete dependencias y quien preside el Comité de Participación Ciudadana… Entonces, ¿si no están todas las entidades que lo conforman?… Nosotros queremos que sea ya”, comenta.

Además, dos de las siete sillas del Comité Coordinador estarán en proceso de renovación: el 14 de mayo, Ximena Puente concluirá su gestión como consejera presidenta del INAI, y el 31 de diciembre, Juan Manuel Portal dejará la titularidad de la Auditoría Superior de la Federación.

El relevo de Puente, quien seguirá formando parte del INAI hasta 2018, será una decisión que se tomará entre los comisionados del INAI. Y el nuevo auditor deberá ser designado por la Cámara de Diputados, en un proceso que iniciará en septiembre y que estará sujeto a negociaciones políticas, como ocurrió con el nombramiento de la titular de la Secretaría de la Función Pública, que recayó en la ex senadora priista y ex titular de la PGR, Arely Gómez.

Además de la ex procuradora, otro priista estará sentado en la mesa del SNA: el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Carlos Chaurand, destacado militante del tricolor designado el pasado 2 de enero.

Ambos nombramientos fueron criticados por organizaciones como la Red por la Rendición de Cuentas (una de las principales impulsoras del SNA), por tratarse de priistas cercanos al presidente Peña Nieto.

Otro plazo importante para el nacimiento del SNA se cumple el 19 de julio, cuando deberá concretarse la conformación de la sección especializada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Esta área, conocida como la tercera sección, será exclusiva para sancionar faltas administrativas graves de funcionarios públicos y estará integrada por una Sala Superior con tres magistrados y cinco salas regionales con tres magistrados cada una.

Peschard estará sólo un año en el comité ciudadano del nuevo SNA. Durante ese tiempo -asegura-, se dedicará a sentar las bases para la construcción de un sistema capaz de mejorarse a sí mismo.

“Mi aspiración es que queden asentadas estas rutas claras de cómo se puede asegurar que la propuesta de políticas públicas, la propuesta de indicadores para medir la corrupción, lo que tenemos nosotros, los informes, nuestra facultad para ir haciendo exhortos, se asienten como un piso básico del funcionamiento del sistema y que los estados también inicien”, reitera.

La académica omite hacer referencia al Consejo Ciudadano del IFE que presidió José Woldenberg, del que ella formó parte y que es recordado como el que le inyectó credibilidad al organismo, luego de que éste se convirtió en un ente autónomo de la Secretaría de Gobernación.

Tampoco acepta hacer alusión al Consejo fundador del IFAI que ella presidió entre 2009 y 2013, el cual sentó las bases del sistema de transparencia y acceso a la información que actualmente existe.

Y señala que el Comité de Participación Ciudadana del SNA es totalmente diferente, por lo que prefiere no responder si aspira a que dicho organismo sea recordado como los dos antes mencionados.

Lo que sí reconoce es que su reputación como académica está en juego; un riesgo que, afirma, vale la pena.

Advierte que por primera vez, el país tiene la posibilidad de construir un sistema integral y efectivo de combate a la corrupción, por lo que llama a todos los involucrados a no desaprovechar la oportunidad.

Fuente: Reforma