Tlaxcala está entre los 16 estados en los que no ha aterrizado la anticorrupción.  O mejor dicho donde su congreso local, no ha realizado la reforma constitucional correspondiente para incorporar lo propio y legislar en la materia.

Centralmente darle vida a lo que la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (LGSNA), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de julio del año pasado, describe en su Capítulo V denominado “De los Sistemas Locales”; en cuyo único artículo, el 36, se establecen siete bases a seguir.

Por lo que de acuerdo con el Segundo transitorio de la misma dentro de cuatro meses se cumple el plazo para cumplir con lo mencionado.

Más allá de que particularmente no considero que la lucha contra la corrupción, como política pública, pueda resultar eficaz a través del imbricado mecanismo burocrático que se crea a partir de dicho sistema, considero que debe procederse con ello y experimentar la idea, para ver qué tanto es posible avanzar en el aspecto legal.

Porque como lo hemos señalado en varias ocasiones, consideramos que la verdadera solución al tormentoso azote, es generacional.  Es decir que sólo en la medida que los niños principalmente y los jóvenes de manera adicional sean educados en una cultura de la legalidad, es decir del respeto a la ley, y de ética como respeto a uno mismo y por lo tanto a lo otro y a los otros, esa nefanda actitud de aprovechar los cargos públicos para beneficiarse personalmente, puede desaparecer.

Las soluciones mágicas no existen.  Como la que postula por ejemplo López Obrador de que se tiene que limpiar el espectro público de “arriba para abajo, como las escaleras, dice”.  Pero tampoco, y creo que menos, con sistemas punitivos de vigilancia panóptica, como me parece que puede resultar el dichoso Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

Pero aún con ello, es necesario que todas las entidades federativas procedan con la instalación o generación, o construcción, o como quiera usted llamarle, de los sistemas locales anticorrupción.

En una mesa de análisis en Tlaxcala, que hemos tenido, con la presencia del diputado Enrique Padilla, presidente de la Comisión encargada de instrumentar el proceso legislativo correspondiente, hemos tratado el tema, puesto que ya está corriendo.

En ese orden de ideas es que iniciando febrero pasado, el pleno de la LXII Legislatura local, aprobó dice el acuerdo, “el inicio de los trabajos para la implementación del proceso legislativo, tendente a crear el Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, el cual deberá denominarse, específicamente Sistema de Ética e Integridad Pública del Estado de Tlaxcala.”

Donde brinca inmediatamente, porque parece más una ocurrencia que una propuesta seria, que se pretenda, perdón por la frase hecha, “inventar el hilo negro” con el eufemismo inútil de denominar como de “ética e integridad pública” al mencionado sistema.  Pareciera como si el término corrupción les causara escozor a los legisladores por llamar a las cosas por su nombre y querer conjurar a los demonios de la casa blanca de Peña Nieto.

Ello porque no consideran que la lucha contra la corrupción se da en un contexto global, partiendo de documentos como la Convención Interamericana en Contra de la Corrupción y la Convención de la ONU en Contra de la Corrupción.  En el Preámbulo de esta última se dice con claridad que “…la corrupción ha dejado de ser un problema local para convertirse en un fenómeno transnacional que afecta a todas las sociedades y economías, lo que hace esencial la cooperación internacional para prevenirla y luchar contra ella,”  Así es que el sistema debe denominarse, siendo fiel a la letra de la LGSNA, “Sistema Local (o Tlaxcalteca) Anticorrupción” sin dar cabida a sutilezas de ninguna índole.

Aunque lo importante es que ya se está trabajando al respecto y esperamos que efectivamente como se señala en el Acuerdo mencionado tres párrafos arriba, se realice una convocatoria a las “organizaciones sociales interesadas en el tema de combate a la corrupción, a los especialistas en la materia y a la sociedad en general,” y se pueda discutir abiertamente el tema por lo trascendental que resulta.

Nada más y nada menos que se trata de ver qué tanta solidaridad intergeneracional tenemos para pensar que los nietos de nuestros nietos puedan vivir en una sociedad no sólo democrática, es decir donde el principio de isonomía se cumpla; sino además decente, es decir donde las instituciones del Estado y las personas a cargo de ellas no humillen a los demás enriqueciéndose ilícitamente.

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