De aprobarse el artículo 208 de la Ley General en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, constituiría un retroceso en perjuicio del derecho al acceso a la información pública, advirtió ayer Luis Fernando Sánchez Nava.

El comisionado ciudadano del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal (Info-DF) opinó que “al coartar el libre albedrío de los funcionarios públicos para resolver en cada caso, sobre la publicidad de la información; cuando es actualmente una potestad otorgada constitucionalmente”.

Ello, explicó, al considerar que lo previsto en el artículo 208 de la iniciativa, “establecería sanciones a cargo de los servidores públicos de los organismos garantes, en casos de revelar indebidamente información confidencial o aquella que pueda causar algún perjuicio a los sujetos obligados”.

Además, mencionó que se estarían duplicando supuestos jurídicos, debido a que el texto constitucional vigente, prevé la responsabilidad de los servidores públicos en sus cargos.

Considerando adicionalmente, que no se establecen el tipo de sanciones administrativas que se aplicarían, ni el órgano encargado de conocer estos casos…

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