El encargado de la Auditoría Superior de la Federación, Juan Javier Pérez Saavedra, aseguró que la contratación entre entes públicos con la intención de eludir la obligación de licitar la contratación de bienes y servicios se ha extendido en el Gobierno federal y en las entidades del País.

Al entregar en la Cámara de Diputados el tercer y último paquete de auditorías individuales de la Cuenta Pública 2016, el funcionario dijo que ahora no sólo se utiliza a universidades públicas, como había ocurrido en ejercicios presupuestales anteriores, sino también a empresas paraestatales.

“En revisiones practicadas para la Cuenta Pública 2016, se ha podido identificar la participación de otro tipo de entes públicos en estos mecanismos, como son empresas paraestatales de entidades federativas y en ocasiones, de la propia Federación”, señaló.

REFORMA dio a conocer este martes que, a través de Radio y Televisión de Hidalgo (TRH) y el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS), la Sedesol y la Sedatu, bajo la gestión de Rosario Robles, desviaron mil 300 millones de pesos a través de una red de empresas fantasma.

Ante diputados de la Comisión de Vigilancia de la ASF, Pérez Saavedra señaló que este tipo de contrataciones, hechas al amparo del artículo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, pone en riesgo la adecuada utilización de recursos públicos.

“Se presenta un ambiente de excesiva discrecionalidad que propicia condiciones para la comisión de irregularidades ya que no se cuenta con los controles mínimos contemplados en los procesos de licitaciones públicas”, señaló.

En una conferencia de prensa ofrecida tras la entrega de los resultados, Pérez Saavedra indicó que en el caso de las tres auditorías forenses sobre los convenios entre Sedesol y Sedatu con RTH y SQCS, así como otras en las que se tengan las evidencias necesarias, se presentarán las denuncias correspondientes ante la Procuraduría General de la República (PGR).

Pérez Saavedra también advirtió sobre otro riego detectado por la ASF, el cual está relacionado con las empresas productivas del estado ya que, debido a que cambió su régimen jurídico con la reforma energética, su mecanismo de gobernanza ha variado y sus consejos de administración han tomado decisiones equivocadas.

Como ejemplo refirió la adquisición de la compra de Agro Nitrogenados, la cual Pemex, a través de una subsidiaria, compró a pesar de que se encontraba inactiva y la mayor parte de sus instalaciones era chatarra.

“Ejemplos de dicha toma de decisiones serían: adquisiciones de complejos industriales no vinculados directamente con los objetos sociales de las empresas, en condiciones desfavorables, con costos de reparación irrecuperables y bajo supuestas sinergias que no se han alcanzado, como son los casos de las plantas de fertilizante de agronitrogenados y de tipo fosfórico”, dijo.

También aludió al caso de Odebrecht, que fue contratado para para modernizar la Refinería de Tula, Hidalgo, y sus servicios han sido pagados con sobreprecio.

“Existen adjudicaciones para mantenimiento de plantas industriales que, justificadas en supuestas emergencias, autorizan precios unitarios fuera de mercado, como es el caso de la Refinería de Tula, Hidalgo”, indicó.

Fuente: Reforma