“Sé, porque no soy un novato en esas cosas, lo que significa este silencio que se advierte en los camaradas y en ese gesto un poco trágico cuando se ve al compañero que trata de pugnar por hacer valer un triunfo que ha obtenido y cuando se tiene ya la conciencia de que, por disciplina, habrán de votar en su contra (…). Sé que tratar de impedir eso sería tanto como querer derretir la nieve de un volcán con la lumbre de un cerillo (…) y puesto que no puedo cumplir en esta ocasión la palabra que empeñé, quiero esgrimir mi último argumento y salir de aquí”.

Era el 18 de agosto de 1943 y así se expresaba, en la tribuna del Congreso de la Unión, Jorge Meixüeiro, un destacado político oaxaqueño. Acto seguido sacó una pistola y se disparó en la boca. Cayó muerto. Su epitafio dice “Defensor de las causas campesinas:- Murió por éstas en la Cámara de Diputados”.

Meixüeiro, quien en tres ocasiones había sido legislador y conocía las entrañas del sistema, protestaba por un triunfo que consideraba legítimo, pero que por maniobras fraudulentas y para compensar el despojo en otro distrito, por instrucciones de Maximino Ávila Camacho se entregaba al candidato opositor.

Han transcurrido 73 años de aquel suceso en que la dignidad de un político mexicano, cimbró las instituciones de la época. Ahora, no se pide a los legisladores en absoluto una medida tan extrema. Pero se exige de ellos dignidad, ética y compromiso, algo que hace mucho han olvidado. Al olvidarlo están arrastrando a las instituciones construidas y, como hace tres cuartos de siglo, obedecen órdenes del Ejecutivo, de sus dirigentes de partido (que no es lo mismo que defender un proyecto partidista).

Particularmente las legislaturas primero de la década autoritaria y luego las de la mal llamada transición, tienen una férrea competencia por ver cuál es las peor de la historia oaxaqueña. La pluralidad como un peligro para las instituciones. No porque se necesite un partido hegemónico, que imponga de manera autoritaria y excesiva sus intereses. Precisamente porque se convirtieron en un conjunto de grupos que negocia sus intereses facciosos o vende su voto. El pago por evento es práctica común entre los legisladores. Las honrosas excepciones –que las hay—sucumben ante la mayoría.

El reparto de cuotas, la opacidad, la falta de rendición de cuentas, el uso discrecional y patrimonialista de los recursos públicos, han sido norma de actuación de las y los actuales diputados. Y ello ha sido denunciado por los propios diputados: hace algunos meses acusaron al tesorero de todos esos aspectos negativos. Pero, dado que su nombramiento deriva de un acuerdo político para el reparto de posiciones, pese a que una mayoría estaba en desacuerdo con su actuar, no lo movieron. Implicaba revisar el reparto y poner en entredicho a las posiciones que ellos tienen en la estructura del Congreso estatal.

Las leyes las utilizaron para satisfacer caprichos, como la reforma constitucional para disminuir la residencia requerida para ser gobernador del estado; o la disminución del porcentaje de votación requerido para que los partidos “indígenas” conservara su registro; o la desaseada aprobación del código electoral (Suprema Corte dixit) en una sesión que parecía más un encuentro callejero de bandas porriles en donde no faltó ni el gas lacrimógeno; o el descarado reparto de cuotas que motivó la promulgación de la Ley de Sistemas Electorales Indígenas. Y el recuento podría seguir. Todas ellas han sido declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enmendó una y otra vez la plana a los congresistas. La semana pasada invalidó su reforma al artículo 65bis de la Ley Orgánica Municipal, con la cual pretendieron revertir el reconocimiento a la capacidad de las asambleas de establecer la terminación anticipada del mandato de sus autoridades municipales; hecho que es contrario a los intereses de los diputados tan preocupados ellos en nombrar sin ton ni son administradores municipales.

El panorama que viene no es nada halagador. El reciclaje de figuras de pésimos antecedentes, chapulines que deambulan de un partido a otro, personajes que dejan inconcluso periodos para el fueron electos (presidentes municipales), o algunos que han destacado por las acusaciones de corrupción en las posiciones que han tenido, forman la lista de los aspirantes a ocupar una curul en la próxima legislatura. En las listas plurinominales que paradójicamente en los tiempos del viejo sistema político, eran ocupados por personajes con prestigio, experiencia y preparación –con sus salvedades, claro está), para asegurar una masa crítica en la argumentación y debate parlamentario, ahora es reservada para la camarilla dirigente de cada partido o bien para sus familiares. Ello ha conducido a una mayor descomposición de la Legislatura.

Parte de esta trama se ha develado con claridad en la valiente lucha de la salinacrucense Mariuma Munira, que ha puesto en jaque al PAN, partido que realizara un proceso desaseado para la postulación de candidaturas con el sentido patrimonialista de sus dirigentes. No menos sucio han sido los del PRI y PRD, que los tribunales electorales han tenido que enmendarles la plana.

En la lista de candidaturas, hay personas que pueden hacer un papel digno y de compromiso social. El lastre que traes son los partidos que los postulan, con el que de cualquier modo, han generado interesantes expectativas: Tabatha Mata (PSDO), Nallely Hernández (PRI); Luis Alfonso Silva Romo (PAN); Anayanci Urquido (PANAL) quien ante la débil candidata del PRI y los entuertos de CREO, ha tenido un importante ascenso en las preferencias electorales en Salina Cruz. Debe de haber más, por supuesto, es pertinente revisar exhaustivamente a las y los candidatos de nuestros distritos.

El voto por quien ocupará un escaño, es un hecho que parece pasar desapercibido al centrarse la atención en los candidatos a la gubernatura o las planillas municipales. Es pertinente hacer una exhaustiva revisión y reflexión. El legislativo puede convertirse en factor de transformación democrática o en su mayor obstáculo. Hay que reflexionar el voto para decidir.

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