No cabe la menor duda, si México aprovecha el momento político único en que se encuentra la transparencia y la rendición de cuentas, podría muy pronto ser el ejemplo de cómo un Estado mejora y se robustece democráticamente mediante mecanismos de acceso a la información pública. Son al menos tres los factores que deben tomarse en cuenta para entender el tiempo coyuntural y por qué es idóneo: i) la autonomía constitucional del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), junto con las leyes secundarias que homologarán los mínimos para el acceso a la información en el país; ii) los preparativos para la cumbre de la Alianza por el Gobierno Abierto, de la cual México será sede en 2015; y iii) la presentación del Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa, que en su segunda edición contemplará a 10 naciones de la región.
Tras la reciente promulgación de la reforma constitucional al artículo 6º, que dota de autonomía constitucional al IFAI, se esperan grandes cambios en su estructura dadas sus nuevas facultades. La reforma abre definitivamente toda información en manos del Estado mexicano, en todos sus niveles y ramas, además establece que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos (como son el Banco de México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto Nacional Electoral), además de los partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal sea considerada como pública. La incorporación de los sindicatos y partidos políticos será sin duda un parteaguas que producirá cambios significativos en la forma como se conduce la política nacional.
Cabe señalar que hasta ahora, la jurisdicción del IFAI se constreñía únicamente al ámbito de la administración publica federal, dejando que el resto de los llamados “otros sujetos obligados” de la Federación (el Legislativo y Judicial, así como órganos autónomos) decidieran lo que es público y lo que no, siendo en todos los casos juez y parte. De alguna manera ocurría lo mismo a nivel estatal y municipal, pues la amplitud de los márgenes establecidos hasta entonces en la Constitución, permitió un abanico de leyes estatales que oscilan entre órganos garantes –sin facultades sobre ningún poder y reducidos a la emisión de recomendaciones– hasta leyes de avanzada que contemplan a todos los órganos públicos dentro de la entidad, tal es el caso del Distrito Federal, el Estado de México y Guanajuato.
A partir de su promulgación, la reforma dota al IFAI de jurisdicción federal directa, y lo erige como última instancia en caso de que el solicitante se inconforme con lo dictado por algún órgano garante estatal; además, sus fallos serán definitivos e inatacables, salvo los objetados por motivos de seguridad nacional. Adicionalmente, la reforma prevé la creación de nuevas leyes generales que creen un piso mínimo y estandarizado a nivel nacional en la materia: criterios de archivo, documentación, capacitación e investigación, además de la protección de los datos personales. Queda claro que en este aspecto, y a poco más de 10 años de su creación, el IFAI será una autoridad ejemplar a nivel mundial en materia de garantía del acceso a la información. En este sentido, tiene un gran reto por delante, siendo que ahora deberá contar con experiencia en todas las áreas que antes no vigilaba. Por ello se justifica el aumento en el número de comisionados, de cinco que son actualmente aumentará a siete. Algunos de sus actuales integrantes podrían permanecer en el nuevo órgano, sin embargo está prevista una reestructura interna completa. El IFAI es hoy una de las instituciones con mayor reconocimiento y credibilidad por parte de la sociedad civil, por lo que no cabe duda que sabrá afrontar los nuevos desafíos que el 2014 le depara.
Por otro lado, este año darán inicio los preparativos para la cumbre mundial de la Alianza por el Gobierno Abierto, organismo de participación internacional iniciada en 2011 con tan sólo ocho países (Brasil, Estados Unidos, Gran Bretaña, Filipinas, Finlandia, Indonesia, México, y Sudáfrica) y que hoy integra a 63 naciones. Además, desde noviembre de 2013 México es co-Presidente de la Alianza y en octubre de 2014 tomará la Presidencia de la misma. Entre lo más destacado se encuentra el Plan de Acción 2013 – 2015 presentado el 29 de enero de 2014, y en el cual se establecen las bases para la coordinación entre Estado y sociedad civil, de toda la administración pública en las ramas del Ejecutivo y el Legislativo, plasmadas en 26 objetivos generales, mismos que deberán ser resueltos para el segundo semestre de 2015. Una variante mexicana del esquema dentro de la Alianza es el secretariado tripartita, donde participaran el Gobierno federal, el IFAI y la representación de la sociedad civil, para la toma de decisiones, elaboración y seguimiento de las metas dentro del Plan.
En el plano legislativo, la Alianza no se queda atrás, ya que como seno de la representación del pacto federal, y en coordinación con organizaciones de la sociedad civil – como Fundar, Transparencia Mexicana, Gesoc e Impacto Legislativo – el Senado de la República, en un esfuerzo liderado por la senadora Arely Gómez, se ha comprometido a fomentar la Alianza por Congresos Abiertos al interior de México, no sólo a nivel federal sino en las entidades federativas. La propuesta consiste concretamente en que, en 2015, al menos la mitad de los órganos legislativos en México sean abiertos y se apeguen a los 44 postulados de la Declaración Sobre Transparencia Parlamentaria.
Finalmente, este año se realizará la segunda evaluación a la transparencia de los poderes legislativos en América Latina, ejecutada por la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa, organización que vincula ONGs especializadas en el monitoreo y seguimiento legislativo. En esta ocasión, el esfuerzo se extenderá a 10 naciones en la región, apegándose a lo que ha sido reconocido como el documento que recoge las mejores prácticas y estándares en transparencia, la ya mencionada Declaración Sobre Transparencia Parlamentaria. Así, hacia el segundo semestre de 2014 se presentará el Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa, mismo que se construye a partir de indicadores cuantificables, datos duros en más de 40 indicadores y casi 500 preguntas puntuales, agrupados en cuatro rubros: i) Normatividad, que evalúa el avance de la incorporación de las mejores prácticas en el marco normativo; ii) Labor Legislativa, rubro especializado en las tareas especificas del legislador y de los órganos que integran a las cámaras; iii) Presupuesto y Gestión Administrativa, donde se verifican los controles y auditorías al manejo de los recursos; y iv) Participación Ciudadana, que enmarca los vínculos entre representantes y sus representados. El resultado será el ejercicio más completo realizado hasta el momento, desde una perspectiva comparada y puntual de las condiciones en las que se encuentra el acceso a la información de los legislativos de Latinoamérica, y que destaca por no ser un ejercicio de percepción sino de medias comprobables y verificables de la información desde la perspectiva del usuario.
Así pues, queda claro que México ha tomado un rol activo hacia la transparencia y la rendición de cuentas, sentando los cimientos de la nueva gobernanza para que el ciudadano y el Estado estén más cerca y con ello puedan, unidos, construir mejores condiciones de vida para todos. Lo anterior, sin duda, consolidará a nuestro país como referente en la materia en la región y en el mundo.
